ZACATECAS, Zac. (apro).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunció actos de represión contra ejidatarios del municipio de Jiménez del Teul cometidos por policías estatales y personal de la Procuraduría Agraria durante una asamblea en la que se revisarían y tomarían decisiones sobre el proyecto de la presa Milpillas, donde también fue intimidada y amenazada una defensora de derechos humanos que asesora a los ejidatarios. De acuerdo con lo señalado por REMA, esto ocurrió el pasado domingo en el ejido El Potrero del mencionado municipio, ubicado al oeste de la entidad en los límites con Durango. Ahí, al menos un centenar de policías estatales se presentaron a las 11 de la mañana en el ejido, en coordinación con el delegado de la Procuraduría Agraria, Francisco Godoy Cortés; el subsecretario de gobierno del estado Alfonso Suárez del Real; el secretario del Agua y Medio Ambiente, Luis Fernando Maldonado Moreno, quienes “encabezaron acciones de coacción e intimidación hacia los ejidatarios, trasgrediendo la autonomía de la asamblea ejidal”. Los policías rodearon el salón ejidal donde se celebraría la asamblea, sitiaron la entrada y restringieron el acceso a los ejidatarios, mientras que los funcionarios federales y estatales literalmente tomaron el control de la asamblea en el interior. “Durante los hechos, la policía del Estado intimidó, desalojó y golpeó a ciudadanas, ciudadanos y ejidatarios que reclamaron la intromisión de las autoridades en la vida autónoma del Ejido”, dijo la REMA. A los cuestionamientos de algunos ejidatarios sobre la presencia de los funcionarios, éstos respondieron que era “por protocolo”, informó. Durante estos eventos, un comandante que estaba a cargo del operativo agredió físicamente y amenazó a Grecia Rodríguez, integrante del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac), a quien advirtieron que arrestarían si continuaba utilizando el teléfono celular con el que registraba la actuación de las autoridades. Grecia Rodríguez se encontraba en el lugar como representante de la organización que asesora a un grupo de ejidatarios que se opone al proyecto de la presa, por el cual serán desplazados de su territorio. La Red responsabilizó a los funcionarios citados “de cada uno de los actos de violencia, represión y violación de los derechos colectivos y agrarios” contra ejidatarios de El Potrero que han salido a defender la vida y su territorio”. También expresó su respaldo a los ejidatarios agredidos y a sus familias, así como a la defensora Rodríguez, a quienes acompañarán legal y políticamente en su lucha contra el proyecto por el cual el ejido sería desplazado.