CHILPANCINGO. Gro. (apro).-  La dependencia peor evaluada durante la administración de Héctor Astudillo Flores, es la  Fiscalía General del estado (FGE), con 11 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por incurrir en el delito de tortura; presentar un rezago de más de 45 mil expedientes generados a partir de delitos denunciados por víctimas que siguen impunes y mantener un fiscal Anticorrupción que no ha presentado exámenes de control y confianza como marca la Ley. De una plantilla laboral de 4 mil trabajadores en promedio, solo 942 agentes del ministerio público del fuero común, policías ministeriales y peritos tienen certificación vigente y 165 están en proceso de evaluación, indican datos oficiales del informe de labores del Ejecutivo. El resto del personal operativo y los mandos superiores laboran de forma irregular y sus actuaciones ministeriales pueden ser anuladas por un juez de control porque violan el debido proceso en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio como marca la norma vigente. En julio de 2016, el exfiscal Xavier Olea Peláez informó que la Policía Ministerial estaba conformada por 890 agentes, de los que únicamente 400 realizaban labores de investigación de los delitos, pues 300 están discapacitados y el resto, es decir 190, están comisionados como escoltas de funcionarios, políticos y sus familias. La tortura De acuerdo a cifras oficiales del informe de labores del Ejecutivo, de las 157 recomendaciones emitidas en los últimos tres años por la Comisión contra el gobierno de Héctor Astudillo Flores, la mayoría fueron dirigidas a la Fiscalía local por ejercer la tortura como mecanismo de investigación para consignar a presuntos culpables. La Comisión emitió solo este año, 38 recomendaciones de octubre de 2017 al 31 de agosto de este año contra el Ejecutivo, de las cuales, 11 fueron dirigidas a la Fiscalía por seguir incurriendo en la práctica del delito de tortura como mecanismo para fabricar culpables. La impunidad En mayo pasado, la mayoría de la pasada legislatura designó como el segundo fiscal en los tres años de esta administración a Jorge Zuriel de los Santos Barilla, cuyo único mérito es haber sido trabajador del gobierno de Astudillo en la Secretaría de Gobierno. Luego, la misma legislatura local designó a Ignacio Murguía Gutiérrez como nuevo Fiscal Anticorrupción, a pesar de que no cumplió con el requisito que marca la ley de presentar y aprobar los exámenes de control y confianza que aplica la Procuraduría General de la República (PGR). El rezago Además, la Fiscalía lleva a la fecha, 45 mil 707 expedientes rezagados en las oficinas del Ministerio Público del fuero común, a partir de delitos denunciados por víctimas ante la fiscalía estatal. Esto significa un 90 por ciento de rezago en los trámites de carpetas de investigación de delitos del fuero común, de acuerdo con reportes oficiales del tercer informe del gobernador Astudillo. En tres años, la Fiscalía ha integrado 21 mil 41 carpetas de investigación dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, de las cuales se han judicializado sólo 605 expedientes. El informe oficial agrega que 2 mil 312 expedientes se enviaron “al archivo temporal o definitivo” y de 164 órdenes de aprehensión solicitadas, los jueces sólo autorizaron 156 porque el resto fue mal integrado. Esto significa que 18 mil 124 expedientes a la fecha siguen en trámite de integración. En el sistema de justicia penal tradicional el rezago es aún mayor, porque 27 mil 583 averiguaciones previas todavía se encuentran en trámite.