TOLUCA, Edomex (apro).- El gobernador Alfredo del Mazo aceptó las recomendaciones del Grupo de Trabajo para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, esta vez por desaparición, en siete municipios mexiquenses. En un plazo de seis meses el gobierno mexiquense deberá informar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones, para que el organismo determine si procede o no la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Desaparición de mujeres. Tal alerta fue solicitada en junio pasado para Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco, por organizaciones como Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y colectivos de familiares de personas desaparecidas, entre ellas Uniendo Esperanzas, Deudos y Defensores por Nuestros Desaparecidos y Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza. Las organizaciones peticionarias sustentaron la solicitud con un diagnóstico en el que se documentan 579 casos de mujeres desaparecidas en la última década, la mayoría menores de edad. Y advirtieron que ese delito inicial puede desembocar en otros como el feminicidio, trata con fines de explotación sexual y ataques sexuales. Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2017, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) registró mil 343 mujeres desaparecidas, 59% de las cuales eran niñas y adolescentes. El pasado 27 de septiembre, la Legislatura local exhortó al gobernador a dialogar y atender a los colectivos de familias de personas desaparecidas, dado que la entidad concentra 20% de las víctimas de ese delito en el país. La diputada morenista Mariana Uribe recordó que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas revela que mientras el porcentaje de mujeres desparecidas a nivel nacional representa 25%, en el Estado de México asciende a 46%. En su momento, el diario británico The Guardian destacó que entre 2011 y 2012, en la entidad mexiquense mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas: 53% tenían entre 10 y 17 años de edad. A finales de julio pasado, la Conavim aceptó la petición de las asociaciones civiles e integró un Grupo de Trabajo con académicas expertas en la materia, servidoras públicas federales y la titular del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. También recabó información oficial, estudió el contexto de los municipios y realizó entrevistas en visitas in situ con las organizaciones solicitantes, especialistas en antropología forense e intervención psicosocial y con víctimas indirectas. El Informe fue remitido al Ejecutivo estatal el pasado lunes 15 para su valoración, con recomendaciones para prevenir la incidencia de desapariciones, realizar investigaciones e implementar sanciones con la debida diligencia, y atender a las víctimas hasta la consecución de la reparación integral del daño. Conforme a la notificación de la aceptación, el mandatario mexiquense instruyó al secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, para que coordine la elaboración de una política pública multidisciplinaria con acciones concretas e indicadores medibles que permitan monitorear y evaluar sus resultados, a fin de cumplir con las recomendaciones. En caso de que la Conavim considere que las medidas planteadas por la administración mexiquenses son insuficientes e inadecuadas para abatir la desaparición de mujeres, el Estado de México podría sumar una segunda declaratoria de AVG. La primera fue decretada a mediados de 2015 en los 11 municipios con mayor incidencia en materia de feminicidios (Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli), en respuesta a la solicitud y presión ejercida por diferentes organizaciones civiles durante los cinco años anteriores. El pasado martes 9, durante su comparecencia por la glosa del primer informe, el fiscal Alejandro Gómez reconoció un incremento en la incidencia de delitos vinculados a la violencia de género: feminicidio, lesiones dolosas, abuso, hostigamiento, acoso sexual, violencia familiar y sustracción de menores.