COLIMA, Col. (apro).- A tres semanas de haberse instalado la actual Legislatura local, el grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa de Ley de Austeridad, que entre otros puntos considera la reducción del gasto corriente, sobre todo en lo que respecta a salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos. También dispone la incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera sea su denominación. Presentada en la tribuna legislativa por la diputada Jazmín García Ramírez, la iniciativa fue turnada para su análisis y dictaminación a las comisiones de Estudios legislativos y Puntos Constitucionales, así como a las de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y las que le competan. Integrada por 14 artículos, la iniciativa de ley señala que durante el ejercicio fiscal no se crearán plazas adicionales a las autorizadas en los presupuestos de egresos, ni se aumentarán sus dotaciones, además de que la contratación de servicios personales por honorarios sólo procederá en casos excepcionales y plenamente justificados. Por otra parte, sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad y procuración e impartición de justicia podrán disponer, con cargo al erario, del servicio de escolta; además, en ningún otro caso se autorizará la erogación de recursos de los respectivos presupuestos, y entre otras medidas sólo se autorizará por ente público, dependencia, órgano desconcentrado o entidad los viajes oficiales que resulten estrictamente necesarios. De acuerdo con la diputada Jazmín García, la iniciativa de ley tiene por objeto la aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental, como política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público de que dispone la nación. Lo anterior, dijo, “permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado, y realizar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de recursos públicos”. Aclaró, sin embargo, que las herramientas para alcanzar los objetivos de esta ley no afectarán, suprimirán, disminuirán o restringirán programas sociales y derechos tutelados en la Constitución y las leyes, por el contrario, abundó, el propósito es claro: “Hacer eficiente el gasto, destinándolo efectivamente al interés general, para liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo y la prosperidad de los colimenses”.