TOLUCA (apro).-  Con el dicho de la parte acusadora como única prueba y bajo el argumento de que palos y piedras pueden ser considerados armas, un juzgado federal negó la libertad bajo caución a comuneros de Salazar, detenidos por defender sus tierras la madrugada del 31 de agosto de 2017 durante un violento operativo policiaco. En dos audiencias distintas celebradas el pasado 25 de octubre en los juzgados de Almoloya de Juárez, se negó a siete de los ocho detenidos la posibilidad de que enfrenten el proceso en libertad. A uno de ellos, el presidente de los bienes comunales, Cudberto Vilchis, le fue otorgada la prisión domiciliaria por tener 71 años de edad, tras pagar una fianza de 420 mil pesos. Dos de ellos, Miguel Ángel Vilchis Zarza y Francisco Miguel Ceballos Vargas, fueron acusados por Mario Alberto de León Venegas (abogado de supuestos compradores de los terrenos), Natalia Miguel Marín (policía municipal de Temoaya) y Juan Carlos Ríos Soto (policía municipal de San Mateo Atenco) de lesiones y privación de la libertad. Zoraida Vilchis, familiar de los detenidos, refirió que durante la audiencia el abogado de los comuneros recordó que, al resolver el amparo 1987/2017, el juez federal determinó que no se acreditaba la portación de armas por parte de los acusados el 30 de septiembre de 2016 (cuando evitaron que De León despojara a Miguel Ángel Vilchis de su terreno), por lo que tampoco hay elementos para justificar la prisión preventiva oficiosa. No obstante, tanto la representación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como Alma Diana León, asesora jurídica de la parte acusadora, se pronunciaron en contra de modificar la medida cautelar y, en caso de que la juez considerara pertinente cambiarla, exigieron 420 mil pesos por concepto de reparación del daño. Tras escuchar a ambas partes, la juez Bertha Araceli Díaz Vilchis dijo que debía analizar a fondo la petición, argumentó que al juicio se había presentado Miguel Ángel Vilchis García, pero debía juzgarse a Miguel Ángel Vilchis Zarza (hecho que, sin embargo, no puede ser adjudicado a los detenidos, pues es la autoridad penitenciaria quien traslada a los imputados con base en los requerimientos del ministerio público y el juzgado), y declaró un receso. Al reanudar, se opuso a modificar la prisión preventiva oficiosa bajo el argumento de que es posible acreditar la peligrosidad de los detenidos porque el día de los hechos portaban un palo que, desde su punto de vista, puede ser más peligroso que un cuchillo o una pistola. Una segunda audiencia que concierne a los casos de Fermín Esquivel Rojas, Daneyra y Yuriko Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Miguel Ángel Vilchis García, acusados de privación ilegal de la libertad y robo con violencia, fue celebrada a solicitud del juzgado federal para que la juez de control, Janelly Gutiérrez Ruiz, detallara las razones por las que asegura que los acusados usaron armas, cuáles y cómo las utilizó cada uno para provocar las lesiones a las supuestas víctimas. José Rojas, uno de los asistentes a esta audiencia, indicó que la juez de control de Toluca con sede en Almoloya de Juárez, Yaneli Gutiérrez Ruiz, aseguró que los acusados usaron machetes, palos, tubos e incluso una escoba, que acorde con el Código Penal por sí solas no se consideran armas, pero son medios violentos cuando se les da un uso diferente para intimidar y agredir a una víctima. Por tanto, dijo que los comuneros incurrieron al menos en violencia “moral”. Al final de la audiencia, familiares de los detenidos aseguran que la única prueba de este dicho es “una foto borrosa donde aparece Fermín con un supuesto machete, con la que la juez justifica que lo usó”. Por el contrario, indicaron, “nosotros, en nuestra defensa, presentamos un video donde ellos (las supuestas víctimas) portaban un arma y dispararon en contra de la población”; pero, en ese caso, a pesar de que se entabló la denuncia correspondiente por el intento de despojo y las agresiones, no procedió. “Argumentan que Mario Alberto de León reconoció a sus agresores porque lo rodearon y observó en la parte de enfrente a quienes lo agredieron. La juez justifica que aunque en el certificado del médico legista aparece que no tienen lesiones, pudieron haberlos golpeado y no tener nada”, lamentaron. Los ocho comuneros fueron detenidos tres días después de que se emitió un fallo que los reconoce como propietarios de sus tierras, por un convoy armado de mil 500 policías federales, estatales, ministeriales y elementos de las fuerzas armadas encapuchados y vestidos de negro. Los vecinos refieren que el convoy bloqueó todas las entradas y salidas de la comunidad y las señales telefónicas; los policías irrumpieron violentamente en los domicilios, sin orden de aprehensión, con agresiones verbales, físicas, y detonaron armas de fuego dentro de los hogares. La comunidad de Salazar, en el municipio de Lerma, es un área arbolada, dispone de una laguna que hace las veces de atracción turística, colinda con la zona de La Marquesa en Ocoyoacac, se encuentra a algunos cientos de metros de distancia de la autopista México-Toluca y, por tanto, de las obras del Tren Interurbano.