CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exsecretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua, Pedro Mauli Romero Chávez, recibió hoy libertad condicional, tras haber sido sentenciado en agosto pasado a tres años cuatro meses de prisión por un delito electoral. Detenido el 6 de octubre de 2017 en la ciudad de Chihuahua, Romero Chávez fue acusado de recibir casi 80 millones de pesos del erario de esa entidad federativa. Parte del dinero fue descontado a trabajadores del gobierno estatal de sus ingresos. El 22 de agosto, en un juicio de procedimiento abreviado, el juez federal Javier Sáenz Torres determinó que Romero Chávez era penalmente responsable por participar en el desvío del dinero público durante la administración de César Duarte Jáquez como gobernador. De acuerdo con la causa penal 70/2018, Romero Chávez recibió 14 millones 609 mil 583 pesos provenientes de la retención mensual del 20 por ciento de las compensaciones de trabajadores del estado de Chihuahua, así como otros 63 millones 833 mil 333 pesos desviados del erario de esa entidad, mediante la simulación mensual de pagos a nómina. El juez emitió el fallo condenatorio con acceso a libertad condicional, por lo que deberá depositar una garantía de 80 mil pesos y una multa de cinco mil salarios mínimos al momento de la comisión del delito. El extesorero del PRI estatal también fue inhabilitado de sus derechos civiles y políticos por el mismo plazo de la sentencia. En la audiencia se determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva hasta que se resuelva la apelación interpuesta por la fiscalía federal en relación con la reparación del daño y quede firme. Romero Chávez deberá permanecer en arraigo domiciliario y tiene restricción para salir del estado, por lo que está supervisado por la Policía Federal dos días a la semana. En otra causa penal que se le sigue fue acusado de los delitos establecidos en el artículo 9 Fracción IX de la Ley General de Partidos Políticos, por el que podría ser sentenciado de dos a seis años, al omitir información ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). En su momento, Romero Chávez aseguró que el PRI no tuvo injerencia en las retenciones salariales a los trabajadores de gobierno y que no recibió aportación alguna por parte del ejecutivo estatal.