TOLUCA, Edomex (apro).- El grupo parlamentario de Morena (el mayoritario en la Legislatura local) anticipó su interés en construir una nueva Constitución Política del Estado de México que, entre otros planteamientos, incluya la concurrencia de las elecciones y nuevos derechos para los mexiquenses. Los diputados morenistas cuestionaron la disposición del Ejecutivo mexiquense para que así ocurra, durante la comparecencia del secretario general de Gobierno, Alejandro Ozuna, ante el pleno de la 60 Legislatura local en el inicio de la glosa del primer informe del gobernador Alfredo del Mazo. En este marco, los grupos parlamentarios reprocharon al funcionario la ausencia de resultados en temas como seguridad pública (en éste ámbito y feminicidios, robos y asaltos en transporte público), combate a la corrupción, y lamentaron acciones como la aprobación de la Ley del ISSEMyM (que transforma pensiones en Afores) y el asesinato del activista Jesús Javier Ramos Arriola, opositor al Nuevo Aeropuerto de Intencional de México (NAIM). El morenista Max Correa destacó la necesidad de que el mandatario mexiquense se sume a la colaboración responsable de Poderes, y anticipó el interés de su bancada en la creación de una nueva Constitución Política local “que responda a la nueva realidad y nuevos retos del siglo XXI” e incluya nuevos derechos para la población. Por tanto, cuestionó si el Ejecutivo estatal estaría dispuesto “a sumarse a los cambios políticos, institucionales y sociales que requiere la nueva realidad del estado de México y construir las bases para la nueva Carta Magna”. También cuestionó la voluntad de empatar las elecciones de gobernador con las presidenciales, y de modificar el esquema de rendición de cuentas para que el mandatario mexiquense dé la cara a los ciudadanos, no sólo se dirija a invitados “a modo” y no se quede en meras narraciones sobre lo realizado sin hablar de metas, retos, avances y pendientes. “Tenemos la mano extendida para trabajar e impulsar transformaciones profundas”, dijo. En respuesta, Ozuna Rivero evadió que esa es una decisión del Constituyente Permanente, pero insistió en que existe toda la disposición del Gobierno estatal para trabajar de la mano del Poder Legislativo en beneficio de los mexiquenses. Anticipó que la autoridad estatal ya considera la posibilidad de extender la Alerta por Violencia de Género (AVG) a 7 municipios más, a los que se harán recomendaciones que, de no ser atendidas, se sumarán al esquema que ya opera en los 11 de mayor incidencia. En este tema, el funcionario, no obstante, justificó que llevar la medida a los 125 ayuntamientos no debe ser un mero acto administrativo, sino requiere metodologías locales establecidas por la Secretaría de Gobernación (Segob). Sobre la Ley de Seguridad Social (o Ley ISSEMyM), el funcionario informó que no ha entrado en vigor por un amparo entablado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); justificó que las inquietudes que provoca son resultado de su desconocimiento y apeló al buen juicio de los diputados para respaldarla, igual que otras que se encuentran en el tintero. El también morenista Valentín González Bautista retó a la administración mexiquense a adoptar políticas públicas como las propuestas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a fin de que el discurso de colaboración ofrecido no se quede en mera demagogia. “Si asegura que coincide (con los postulados de AMLO), entonces pronto lo veremos en la implementación de medidas de combate a la corrupción, se auditará y sancionará a quien desvíe los recursos públicos y se les meterá a la cárcel”, planteó. También dijo esperar que el Paquete Fiscal 2019 se construya con base en estas necesidades, que duplique los apoyos para adultos mayores, garantice oportunidades a los jóvenes, tenga por objetivo sacar de la marginación a los mexiquenses y tienda la mano al pueblo. Al término de su participación, el secretario general de Gobierno se pronunció en favor de la convivencia entre Poderes que desvanezca el término “oposición”, y se pronunció porque no dependa de rentabilidades electorales.