GUADALAJARA, Jal. (apro).- La contralora del estado, María Teresa Brito Serrano, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción contra quien resulte responsable por peculado y uso ilícito de atribuciones, por la contratación de dos contenedores que almacenaron de manera irregular cadáveres en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). La querella la interpuso el pasado 25 de octubre e informó que, hasta el momento, han declarado 18 servidores y exfuncionarios públicos, entre ellos el exfiscal, Raúl Sánchez Jiménez, y el exdirector del IJCF, Luis Octavio Cotero. Otro dato que reveló la contralora es que no le han entregado el contrato por la renta de ambos contenedores frigoríficos. “No tuvimos a la vista el contrato. No estamos hablando de los convenios marcos. El contrato no lo tuvimos a la vista. Lo voy a dejar así, igual resulta y aparece. Cuando la relación contractual no se formaliza a través de un documento, es natural que resulten imprecisiones. Acudieron gente de la Fiscalía, gente de Ciencias Forenses y de Protección Civil”, refirió. Brito Serrano consideró que existen elementos para presumir que la contratación de los tráileres por parte de la Fiscalía General del Estado se hizo de manera irregular. Sin embargo, dijo que será el Fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, quien lo determine. "Nosotros estamos haciendo una denuncia en torno al manejo que se le dio a la contratación y al seguimiento del tema de los tráiIers (sic). Estamos presentándole los elementos al fiscal Anticorrupción que, con otros tantos (indicios), él habrá de constituir una carpeta de investigación, si ese es el caso", afirmó. La contralora María Teresa Brito Serrano agregó que el fiscal Anticorrupción determinará si llama a comparecer a otros funcionarios. Por último, comentó que existen contradicciones sobre a cuánto ascendía el pago al proveedor.