VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La juez quinto de la Corte en Texas, Edith H. Jones, revocó la sentencia condenatoria y absolvió del delito de defraudación bancaria a Silvia Beatriz Pérez-Ceballos, esposa de José Manuel Saiz Pineda, tesorero durante el gobierno de Andrés Granier Melo. Víctor Manuel Hilario Flores, abogado defensor de Saiz Pineda, informó que con la sentencia de apelación número 18-40036, fechada el 30 de octubre, Pérez-Ceballos queda totalmente libre de los delitos de lavado de dinero y defraudación bancaria que se le imputaron en mayo de 2017 cuando fue arrestada en su residencia de Houston, Texas.

Sentencia de la juez Edith H. Jones, que revocó la sentencia condenatoria a Silvia Pérez-Ceballos by Revista Proceso on Scribd

La esposa del extesorero fue absuelta en octubre de 2017 por el delito de lavado de dinero, pero en enero pasado fue condenada a diez meses de cárcel y dos años de libertad supervisada por fraude bancario a JP Morgan Chase y UBS, donde manejó 1.9 millones de dólares que en octubre de 2013 transfirió a Bermudas. Además, se le aseguraron siete propiedades de lujo en Houston, Miami, Nueva York y Los Ángeles, valuadas en unos 50 millones de dólares, las cuales quedaron en juicios civiles para acreditar su legítima propiedad. Con la sentencia absolutoria dictada por la Corte de Texas, las cuentas bancarias y esas propiedades serán devueltas a Pérez Ceballos y el gobierno de Tabasco ya no podrá reclamar parte de ellas, según el abogado Hilario Flores. En enero pasado, el fiscal general del estado (FGE), Fernando Valenzuela Pernas, informó que el gobierno de Tabasco fue invitado al litigio civil sobre los bienes asegurados en EU a la esposa de Saiz Pineda, los cuales, dijo, tendrían que ser litigados en cada uno de los estados de la Unión Americana donde están domiciliados los inmuebles. Hilario Flores mencionó que, tras la condena de enero de 10 meses de prisión a Pérez-Ceballos, sólo le restaban dos meses de cárcel porque fue capturada en mayo de 2017, salió en marzo y cumplía los dos años de libertad condicional, la cual ayer fue revocada por la corte. Ahora, “está totalmente absuelta” y terminan las pretensiones del gobierno de Tabasco de reclamar parte de sus bienes, porque estaban basadas “en acusaciones penales que ahorita no existen”. “Con esto termina todo ese mal episodio generado desde aquí por el gobierno del estado”, celebró el letrado y ventiló que Pérez-Ceballos continúa con el trámite de asilo político en Estados Unidos. “En el juicio se demostró que ese dinero relativo de la cuenta (bancaria por 1.9 millones de dólares) era producto de su trabajo de mucho tiempo, de mucho trabajo, incluso de su profesión como psicóloga”, señaló. Saiz Pineda, con un pie en la calle Respecto a su cliente Saiz Pineda, el abogado litigante aseguró que en dos o tres meses saldrá del Centro de Reinserción Social del Estado (Creset), donde se encuentra recluido desde junio de 2013 por el presunto “megasaqueo” a Tabasco. Dijo que han ganado todos los amparos por las imputaciones en su contra y sólo quedan dos y en revisión por apelaciones de la FGE, por presunto desfalco de 196 y 21 millones de pesos, tras ser absuelto de la acusación de desviar casi dos mil 600 millones de pesos. Hilario Flores se refirió también a los 88.5 millones de pesos incautados en mayo de 2013 en una propiedad familiar de Marlis Cupil, exsecretaria de Saiz Pineda, en la ranchería Lomitas del municipio de Nacajuca. El dinero, que nadie ha reclamado como suyo, fue depositado en Banjército y en resguardo de un juez federal, quien determinó que no se podía disponer de él hasta 2024. Sin embargo, el gobernador Arturo Núñez recientemente declaró que ya se estaba utilizando en la FGE y otras dependencias de procuración de justicia. El abogado explicó que el gobierno del estado y la FGE llevaron a cabo un procedimiento de abandono a través del Sistema Estatal de Aseguramiento de Bienes, y dispusieron de ese dinero sin rendir cuentas a la autoridad federal, lo que representará un problema legal para quienes lo hicieron. “Porque ahora, el Juzgado Federal va a requerir a Banjército y al Banco de México para saber qué ocurrió con ese dinero y el gobernador declaró que ya lo utilizaron, que ya lo repartieron”. Según el litigante, los responsables tendrán que enfrentar un procedimiento administrativo de responsabilidad a partir del próximo 1 de enero, cuando entre en funciones el gobierno morenista de Adán Augusto López Hernández. “Ellos no estarán y tendrán que enfrentarlo, como cualquier persona o hijo de vecino”, subrayó.