TOLUCA, Edomex (apro).- En el primer año de gobierno de Alfredo del Mazo, los programas sociales tuvieron un uso electoral, además de que han sido insuficientes para abatir la pobreza en que se encuentran 8.2 millones de mexiquenses, denunciaron diputados locales. “No hay uso clientelar, el Comité de Evaluación y Seguimiento se encarga de determinar su procedencia (de los programas)”, reviró el titular de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, Erick Sevilla, durante su comparecencia con motivo de la glosa del primer informe de gobierno. Tras rechazar objetivos políticos, el funcionario estatal aclaró que los apoyos son sólo “complementarios”. Sevilla detalló que, para evitar el uso político de los programas sociales, existe un registro público de beneficiarios, y cada año el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) –abundó-- realiza auditorías, además de las revisiones que llevan a cabo las contralorías internas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Y esta Legislatura tiene la potestad de suspender programas sociales en época electoral”, subrayó. El titular de la Sedesem precisó que la gama ‘Familias Fuertes’ que puso en marcha el gobierno de Alfredo del Mazo organiza y coordina 85 programas sociales no asistencialistas. El primer año de gobierno, precisó, el Salario Rosa llegó a más de cien mil beneficiarias y prevé alcanzar 379 mil en el sexenio. Dicho programa consiste en el depósito de 2 mil 400 pesos bimestrales, durante dos años, a mujeres en situación de pobreza, que realizan labores del hogar y no reciben un ingreso. Sevilla aseguró que, según el Coneval, esa cantidad es suficiente para cubrir la canasta alimentaria rural y 73% de la canasta urbana. Sin embargo, admitió que en la entidad habitan 4.2 millones mujeres en pobreza, mientras casi medio millón vive en pobreza extrema. En su oportunidad, la morenista Mariana Uribe sostuvo que tras la revisión de la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que ese año no se ejercieron más de mil millones de pesos en salud y programas sociales, y que montos etiquetados se utilizaron para pago de sueldos a personal “fantasma” y a excedentes en contratos pendientes de aclaración o no aplicados. Cuestionó que los 4 mil 895 millones de pesos asignados para la operación de 14 programas sociales estatales no han disminuido la pobreza, porque su uso es electoral. También acusó que la política social estatal es de doble discurso, mero paliativo, e implica la entrega dolosa de programas. Los mexiquenses no sólo comemos en época electoral, “es necesario que los programas sean permanentes y eficaces”, apuntó. La tarjeta rosa, señaló, fomenta la desigualdad porque no se entrega a todas las mujeres y es un programa “misógino”. “Impartir cursos de plomería y poner uñas acrílicas no puede ser una política de Estado, necesitamos opciones productivas. Si el objetivo es garantizar igualdad, también debe crearse el salario azul. Requerimos igualdad de oportunidades”, apuntó. La también morenista Beatriz García lamentó que los programas sociales no tengan por objetivo superar la pobreza, y se pronunció por resolver la violencia de género como principal problemática de las mujeres mexiquenses, en lugar de entregar salarios rosas. “Son cifras rosas (las del informe), basta de mentiras… la fábrica de pobres no para”, recalcó. La perredista Aracely Casasola secundó: “Nuestros hijos no sólo comen en temporadas electorales”. Y Rosa María Pineda, del PSD, deploró que los programas sociales apenas benefician a 3.5% de la población en pobreza. Su entrega es discrecional, por amiguismo, nepotismo, presión, chantaje o cuota de partidos, soltó. El PAN apenas sugirió: “No queremos pensar que la tarjeta rosa tiene motivos electorales”. Y denunció que algunas familias son beneficiarias de un “exceso de programas”. En su oportunidad, la petista Julieta Villapando acusó que los programas no llegan donde deben, pues se contabilizan un millón 050 mil mexiquenses en pobreza extrema con tres o más carencias sociales. Finalmente, María Luisa Mendoza, del PVEM, demandó piso parejo en la distribución de programas sociales, y su coordinador, Alberto Couttolenc, lamentó que la política social estatal haya arrojado resultados “modestos”.