MÉRIDA, Yuc. (apro).- Ambientalistas acusaron al mandatario Mauricio Vila Dosal de utilizar el aparato gubernamental para litigar en favor de los intereses empresariales, en detrimento del derecho de la población a la salud y a un medio ambiente sano. La organización defensora de los derechos humanos Indignación, junto con la agrupación Ka’anan Ts’onot --constituida por distintas poblaciones de la localidad para defender sus recursos naturales--, denunciaron que el gobernador tomó partido por la mega granja que se instaló en Homún, la principal zona de recarga de los cenotes de la entidad, pese al rechazo de los ciudadanos. De acuerdo con los denunciantes, Vila, a través del consejero jurídico del gobierno del estado, Mauricio Tappan Silveira, envió un escrito al Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Yucatán, para refutar el juicio de amparo que representantes legales de seis menores de edad de Homún promovieron en contra de la granja de cerdos. Los promoventes solicitaron el amparo de la justicia federal para reclamar su derecho a la salud, ante el riesgo que implica una mega granja porcícola de tales dimensiones en el Anillo de cenotes, sin plantas de tratamiento de aguas residuales. Miriam de Jesús Cámara Patrón, juez cuarto de distrito, decretó la suspensión provisional “para evitar daños de difícil reparación”, y programó para este martes 9 la audiencia para definir la suspensión definitiva. En el amparo presentado, los representantes de los menores de edad citan a las autoridades responsables: el alcalde, el gobernador y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Los denunciantes adujeron que en un informe el gobernador pidió a la juez la denegación de la suspensión definitiva. A través del consejero jurídico, subrayaron, el gobierno del estado “es el único que, más allá de responder que ‘no son ciertos los hechos que la parte quejosa reclama’, expresamente pidió que se niegue la suspensión definitiva”. En la práctica, esto significa litigar y usar el aparato del Estado a favor de los intereses particulares y empresariales, acusaron. Indignación y Ka’anan Ts’onot (Guardianes del agua) lamentaron la postura de la nueva administración estatal en contra “de la infancia en riesgo, del medioambiente, de la población de Homún y del pueblo maya que no fue consultado” antes de la realización del proyecto.