MORELIA, Mich. (apro).- El Tribunal de Enjuiciamiento ratificó la sentencia de 247 años contra el exedil de Álvaro Obregón Juan Arreygue Núñez y a otros cinco sujetos implicados en el homicidio de 10 hombres en el municipio de Cuitzeo en 2016. El exsubdirector de Seguridad Pública de Álvaro Obregón, Isaíd Reinaldo González y los tres expolicías municipales: Víctor Hugo G., Humberto S. y J. Sacramento N., continúan con la pena de 300 años de prisión. El Tribunal detalló que resultó competente para conocer y resolver los presentes recursos de apelación de los abogados de Arreygue Núñez y los otros cuatro sentenciados. Con relación al tema, dicha autoridad puntualizó que "resultaron infundados e inoperantes los agravios de los defensores privados, ministerio público y víctima indirecta. En consecuencia, se confirma la sentencia apelada". El primero de agosto del 2016, las autoridades mexicanas detuvieron cuatro policías y al alcalde del municipio de Álvaro Obregón, en Michoacán, por su presunta participación en el homicidio e incineración de 10 personas. En un primer momento, el múltiple homicidio fue relacionado con el robo de combustible. Sin embargo, tras las primeras investigaciones, el fiscal de Michoacán, José Godoy Castro, informó que existían indicios de que el alcalde de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue, ordenó a policías municipales la ejecución y la posterior calcinación de las víctimas. “Se han recabado testimonios que permiten determinar que tras la detención, por instrucciones del presidente municipal, los civiles fueron trasladados a un paraje de Álvaro Obregón, donde los privaron de la vida y enseguida llevaron los cuerpos a un predio del municipio de Cuitzeo, donde les prendieron fuego”, declaró Godoy Castro a la prensa local. Tras señalar que una de las víctimas incineradas mantenía “diferencias personales” con el exalcalde, el fiscal informó que se han cumplimentado cinco órdenes de aprehensión, entre las que se encuentra el edil y otros cuatro policías, quienes fueron encarcelados y puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional. Los cinco condenados, deberán de pagar la cantidad de 3 millones 695 mil pesos por la reparación del daño ocasionado y será entregada a las víctimas indirectas, es decir a los padres de familia y en su caso a las esposas e hijos. En una primera instancia la Fiscalía había solicitado la pena máxima de 40 años a los cinco inculpados por la muerte de los 10 jóvenes, lo que finalmente se aceptó por el Tribunal.