TOLUCA, Edomex. (apro).- La legislatura mexiquense urgió al gobernador Alfredo del Mazo para que, en calidad de responsable de salvaguardar la soberanía de la entidad, se investigue la invasión de territorio mexiquense por policías de la Ciudad de México (CDMX) la noche del domingo 11 y la omisión de la policía estatal para proteger la seguridad, patrimonio y derechos de vecinos de San Juan Ixhuatepec. El punto de acuerdo fue promovido por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y aprobado por unanimidad de manera urgente; no obstante, los coordinadores de los partidos Verde y de la Revolución Democrática, Alberto Couttolenc y Omar Ortega, respectivamente, igual que el panista Edgar Olvera, se ausentaron de la votación. Desde la tribuna parlamentaria, Maurilio Hernández, presidente de la Jucopo, además llamó a Denisse Ugalde, alcaldesa de Tlalnepantla -responsable de la seguridad pública municipal-, a investigar, instaurar los procedimientos administrativos disciplinarios correspondientes y, en su defecto, sancionar, a los elementos de la policía municipal omisos para atender a los vecinos que solicitaron auxilio la noche de los hechos. También exhortó al fiscal Alejandro Gómez a realizar las investigaciones y diligencias pertinentes para esclarecer la irrupción de la Policía capitalina, con la finalidad de que los órganos jurisdiccionales competentes inicien los procesos penales correspondientes, se garantice justicia y sancione a los responsables de los excesos y abusos cometidos contra la población en general. De igual manera, los diputados demandaron la intervención de oficio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para determinar si existió o no violación a las garantías individuales de los vecinos por parte de los uniformados. Hernández González reprobó, en nombre de la legislatura, la conducta de los mandos superiores y policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, “quienes cruzaron el territorio limítrofe con motivo de una persecución supuestamente en flagrancia, ingresaron al Estado de México sin cumplir con el convenio y protocolo correspondientes, y agraviaron a los ciudadanos con el uso excesivo de la fuerza pública”. La legislatura mexiquense calificó como errónea la justificación de José Ramón Amieva, jefe de Gobierno capitalino, sobre la persecución en flagrancia hasta territorio mexiquense, pues si bien la Constitución contempla esta posibilidad, ninguna autoridad ajena puede ejercer funciones dentro de otro territorio, salvo que se actúe de manera convenida y coordinada, lo que no ocurrió en este caso. “No avisaron sobre el ingreso a territorio mexiquense, no cumplieron con convenio ni protocolo, violaron la soberanía de estado de México y abusaron de la fuerza pública, violando las garantías individuales de los pobladores”, señaló. La Ley Nacional del Sistema de Seguridad Pública, recordó, advierte que las corporaciones policiacas tienen por objetivo salvaguardar la integridad y derechos de las personas, mientras las denuncias ciudadanas revelan que hubo transeúntes golpeados, personas lesionadas, daño en propiedad privada, allanamiento de hogares y amedrentamiento con balazos. “Es inadmisible el evidente abuso de autoridad de la policía de la CDMX; nada justifica la alteración del orden público y la paz social, la violación de derechos humanos y la impunidad por los actos de la policía capitalina en contra de los pobladores”, destacó. Por tanto, añadió, los integrantes de la Jucopo “exigimos investigar los hechos delictivos, que se deslinden responsabilidades y se haga justicia. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Los hechos, además, fueron condenados por los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Encuentro Social (PES) y de la Revolución Democrática (PRD). El morenista Gabriel Gutiérrez Cureño responsabilizó de las violaciones a las autoridades capitalinas, del Estado de México y municipales. “¿Qué clase de gobernador tenemos, que hasta hoy no ha elevado enérgica protesta?”, cuestionó. Y afirmó que la alcaldesa ni siquiera se presentó en la zona de confrontación la noche de los hechos. La priista Lilia Urbina justificó que las autoridades municipales y estatales no fueron informadas en tiempo sobre la irrupción de la policía capitalina. El petista Javier González exigió la renuncia de Raymundo Collins a la SSP capitalina; la panista Brenda Escamilla acusó que lo ocurrido evidencia la debilidad institucional de la CDMX, del Estado de México y Municipal, la falta de protocolos e irresponsabilidad gubernamental, además de violación a la autonomía del municipio. Carlos Lomán, coordinador de Encuentro Social, acusó que la criminalización de los ciudadanos de San Juan Ixhuatepec fue una salida fácil y sin sustento; y el perredista Omar Ortega consideró que la autoridad mexiquense no fue garante de armonía y paz en la entidad.