TOLUCA, Edomex. (apro).- El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense denunció el uso de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) para violar los derechos laborales, académicos y estudiantiles de los universitarios que se oponen a imposiciones o denuncian irregularidades. Los diputados Max Correa, Benigno Martínez y Margarito García criticaron que el rector Alfredo Barrera permita y promueva un ambiente laboral que atropella la dignidad y derechos del alumnado, profesorado y del personal. “Cierra posgrados y despide a importantes perfiles académicos para aumentar puestos de burocracia universitaria que sirven como refugio de políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sin credenciales académicas y que fueron derrotados en la pasada elección”, refirió en tribuna Correa Hernández. En las direcciones de las escuelas y facultades, prosiguió, se despide, hostiga y atemoriza a académicos y estudiantes que no coinciden con el autoritarismo, como ocurrió recientemente en los Centros Universitarios de Texcoco, Tenancingo, Nezahualcóyotl y en la Facultad de Derecho. Además, lamentó el cierre --el pasado 10 de octubre-- del Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales, y la destitución y desalojo del doctor Fermín Carreño como coordinador del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable. Por el contrario, abundó, se privilegia la contratación de recién graduados que fueron colaboradores de las autoridades y, en peores casos, a profesores que siendo adeptos de las autoridades en turno tienen acusaciones por acoso sexual y robo. “En la UAEMex prevalece un ambiente de impunidad que protege el despotismo y autoritarismo de altos funcionarios, y promueve la corrupción y el servilismo de profesores y alumnos que se alinean a los mandatos de dichas autoridades, en detrimento grave de la calidad educativa… incluso algunos planes de estudio han perdido las acreditaciones de calidad que tenían”, destacó. Alumnos que acudieron a la Legislatura en busca de solución, detalló, señalaron que las autoridades universitarias llaman a sus padres para advertirles que “sus hijos se están metiendo en asuntos delicados”, y amenazan con expulsarlos y boletinarlos para que “en ninguna universidad puedan continuar sus estudios”. “Esta situación se agrava con el hecho de que las autoridades universitarias impiden la vida democrática que están obligadas a promover constitucional, legal y estatutariamente; controlan la información interna y realizan la renovación de los cargos de la universidad a modo, con convocatorias discrecionales, de tal manera que sólo se registran candidatos únicos… Los testimonios y documentos señalan que las actuales autoridades llegan a amenazar y amedrentar psicológica y físicamente a quienes se inscriben para que retiren su postulación”, expuso. Los legisladores también lamentaron que la UAEMex “tenga indicios de triangulación de los recursos hacia empresas fantasma, como se documenta en la denominada estafa maestra; desaparezca las cuotas de los trabajadores para el ISSEMyM, y existan indicios de enriquecimiento ilícito de altos funcionarios de la Universidad, además de altos salarios y bonos para éstos, y salarios precarios para las y los profesores, junto con contrataciones que se acompañan de la firma previa de la renuncia, que se activa ante la negativa de no adhesión ante los mandatos unilaterales de las autoridades”. Según los inconformes, lo mismo sucede en el ámbito de la rendición de cuentas: “Los informes de resultados del rector sólo se realizan ante adeptos, y se impide el acceso a la comunidad universitaria en general. La comunidad académica denuncia que los recursos que ellos mismos gestionan ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) les son retenidos y entregados hacia el final de las investigaciones”. Y subrayaron que aunque los hechos han sido denunciados ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y existen demandas interpuestas ante las autoridades competentes, no se actúa. “Como representantes populares y con sustento en nuestras atribuciones, queremos hacer público y notorio lo que está sucediendo en la UAEMex, para que sin violentar su autonomía se haga un llamado a sus autoridades para que respeten los principios rectores de esa Universidad”. El rector Alfredo Barrera Baca, consideraron, está obligado a garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, la libertad de cátedra e investigación, el trabajo académico crítico, el ejercicio de los derechos humanos, laborales y universitarios del personal académico a su cargo y, en general, de la comunidad universitaria, cesando cualquier tipo de represalia en su contra. De igual manera, las instancias competentes deben investigar y, en su caso, emitir recomendaciones, sancionar y restituir el ejercicio de sus derechos a las personas afectadas por abuso de autoridad y despidos injustificados. Remataron: “Se han terminado los tiempos en el que las universidades estatales han sido la caja chica de la oligarquía local”.