CAMPECHE, Camp. (apro).- Ante la inacción del gobierno estatal, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), declaró la Alerta de Violencia de Género para ocho de los 11 municipios del estado. La medida --aprobada el pasado viernes 16-- se adoptó porque la violación a los derechos humanos de las mujeres, “ya sea por violencia feminicida o agravio comparado”, es constante en los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakán y Hopelchén. La libraron Palizada y Tenabo, los dos municipios más pequeños del estado, y extrañamente El Carmen, donde se han documentado casos de feminicidio que la autoridad estatal se ha esmerado en ocultar o se ha negado a reconocerlos como tales, con versiones inverosímiles a la opinión pública. Tal fue lo que ocurrió con una empleada de Petróleos Mexicanos, cuyo cadáver se halló desnudo y calcinado en una fosa clandestina a medio excavar en el cementerio de la comunidad de Isla Aguada, en noviembre de 2015. El fiscal general Juan Manuel Herrera Campos resolvió el caso con la teoría del “suicidio”. La Alerta de Violencia de Género fue solicitada a la Segob el 7 de febrero de 2017 por la asociación civil Todos para Todos A.C., que por cierto no es campechana, mediante el oficio AVGM/02/2017. Tres días después fue admitida en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El 17 de febrero de ese año se instaló el grupo de trabajo que se encargó de atender la solicitud, y el 16 de marzo siguiente entregó a la Segob su informe sobre la situación que encontró en Campeche, así como sus respectivas conclusiones y propuestas. El 26 de mayo, mediante el oficio CNPEVM/687/2017, la titular de la Conavim, Alejandra Negrete Morayta, notificó el informe al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, así como las propuestas. El 26 de junio el mandatario respondió a Negrete Morayta con otro oficio en el que aceptó las recomendaciones, informó que instruyó “a las autoridades corresponsables a dar cumplimiento en tiempo y forma a cada una de las observaciones emitidas en el informe de mérito”, y aseguró que “las constancias de dicho cumplimiento serán remitidas a la brevedad”. Para ello anexó un cronograma “de las acciones a ejecutarse con motivo del referido informe de acuerdo a lo solicitado”. El plazo era de seis meses. Agotado el término, el 28 de diciembre del año pasado, el gobierno de Moreno Cárdenas envió a la Conavim un informe de las acciones supuestamente emprendidas para atender el problema de la violencia contra las mujeres, pero el pasado lunes 5 el grupo de trabajo dictaminó que las autoridades campechanas incumplieron con el plan de trabajo. Éste debía integrar medidas de prevención, de seguridad, de justicia y reparación, para garantizar a las mujeres y niñas del estado el respeto a sus derechos humanos y una vida libre de violencia. No se hizo así.