VILAHERMOSA, Tab. (proceso.com.mx).- El pasado 24 de septiembre hizo un dramático llamado para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le regresara el servicio médico que le suspendió, no lo hizo y el pasado lunes 19 de noviembre murió el cabo José de la Cruz López, por insuficiencia renal crónica. La Sedena, a la que sirvió 13 años, ni siquiera envió condolencias a la familia y menos pagó los funerales. “Murió abandonado, traicionado por la institución a la que sirvió. Su última voluntad fue que lo enterraran con su uniforme militar porque decía que siempre defendió a la patria”, relata con dolor su madre, María Martha López Sánchez.

Foto: Armando Guzmán

De 33 años, José falleció de un infarto por falta de dinero para su tratamiento de hemodiálisis a la que era sometido tres veces por semana desde hace cinco años, pues la Sedena no sólo le suspendió el servicio médico, sino también la pensión a la que tenía derecho y por la que siempre luchó, hasta su muerte. Murió en el municipio de Cárdenas, en un cuarto que su esposa María del Rosario renta, y fue sepultado en la comunidad rural de Huapacal, Jalapa, Tabasco, de donde era originario. El pasado 24 de septiembre, con dos intentos de suicidio, el militar, a través de la revista Proceso, lanzó un desesperado llamado a su paisano y presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador. “Estoy al borde de la muerte y abandonado por las fuerzas armadas a las que serví con lealtad y patriotismo. Como militar, ciudadano y paisano le pido presidente que eche usted un ojo al Ejército y principalmente a Justicia Militar. La tropa también quiere lealtad, justicia, está muy lastimada”, dijo. Relató que su historia en la Sedena fue de abusos, discriminación y “de abandono a la muerte”, desde que en agosto de 2004 se dio de alta como soldado en el 17 Batallón de Infantería de Villahermosa que posteriormente fue trasladado a Michoacán. En 2013 solicitó su ingreso a la escuela militar de Puebla para el grado de sargento y aprobó los exámenes, incluidos los del servicio médico, que lo certificaban como sano y apto para realizar el curso. En enero de 2014 iniciaron los estudios, pero dos meses después empezó con diarrea y vómitos. Lo atendieron en el hospital regional de Puebla, pero no mejoró y lo trasladaron al Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Ahí le diagnostican insuficiencia renal crónica, lo dializaron y días después Justicia Militar tramitó su baja del Ejército. Le quitó el servicio médico a él y a su familia, además de salarios, y como pago de retiro sólo le ofreció 130 mil pesos, argumentando que la enfermedad no la había contraído en servicio. El militar se inconformó y rechazó la baja, porque quitarle el servicio médico, contó, “era condenarme a muerte”, dado que la hemodiálisis se la realizaban tres veces por semana, y en un hospital privado el costo era de más de cinco mil pesos mensuales. En mayo 2017 le ratificaron la baja de las fuerzas armadas, así como la liquidación de 130 mil pesos, de los cuales Banjército ya se había cobrado 60 mil por dos préstamos que había hecho para atender su enfermedad. Rechazó otra vez la liquidación y un abogado promovió y obtuvo un amparo a su favor, con lo que logró ser reinstalado y obtener de nuevo el servicio médico de la Sedena, así como su salario de alrededor de 11 mil 500 pesos mensuales. La Sedena impugnó y en diciembre de 2017 la juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Blanca Lobo Domínguez, determinó que el juicio de amparo del cabo Pérez López era insuficiente para continuar en las fuerzas armadas. “Y en automático” el secretario de la Sedena, general Salvador Cienfuegos, firmó su baja del Ejército. Días después se giraron oficios a todas las unidades sanitarias y de pagos para retirarle el servicio médico y salarios. Desde esa fecha, la vida de Pérez López fue “un infierno”, por falta del servicio médico y dinero. Desesperado y en busca de justicia, presentó dos quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violación “al derecho a la vida”, sin embargo, no tuvo respuesta, ni siquiera después de su muerte. “Dos veces he tratado de suicidarme, pero de último me arrepiento e imploro: Dios mío, dame un minuto más de vida. Sólo Dios y el presidente López Obrador pueden ayudarme”, dijo a Proceso entre sollozos, en septiembre pasado. Después de su denuncia en Proceso y en Televisa que también se interesó en su caso, “todo siguió igual y su salud empeoró”, lamenta su madre. Nadie le ayudó y su enfermedad se complicó por falta de dinero para comprar un catéter, lo que le impidió seguir el tratamiento de hemodiálisis. Dejó de comer y la noche del lunes 19 le llegó un infarto. “Me gritó que se desmayaba y se desplomó sobre la cama, corrí, le puso alcohol, pero no respondió. Llegó un doctor y dijo que no había nada que hacer”, recuerda su esposa. Su tío Rosalino Pérez, hermano de su padre, se empeñó “hasta las cachas” y cubrió los gastos funerarios. Su madre, María Martha, con problemas cardiacos y a quien la Sedena también le quitó el servicio médico, solo pide justicia. “Dios quiera que el presidente (Andrés Manuel) López Obrador haga justicia a mi hijo, aunque sea después de muerto. Que le den lo que le corresponde para no dejar en el desamparo a su familia”, implora. Y agradece a todos aquellos que apoyaron a su hijo al enterarse de su caso, particularmente a miembros del 17 Batallón de Infantería que, según su hijo, “nunca lo abandonaron y lo respaldaron hasta su muerte”.