TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- Organismos defensores de los derechos humanos señalaron hoy que a dos años de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, persisten feminicidios en Chiapas se vulnera el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que el sexenio de Manuel Velasco Coello y del presidente Enrique Peña Nieto termina marcado por el feminicidio en un contexto de impunidad. Primero, el Centro de Derechos Humamnos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señaló que Chiapas es uno de los catorce estados con Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, en el que hay nulos avances en proteger los derechos de las mujeres. Mencionó que la violencia hacia las mujeres en la entidad se profundiza con la pobreza y la pertenencia a Pueblos Originarios, una triple discriminación histórica en el país. Que en Chiapas la violencia contra las mujeres tiene como base -además de la cultura patriarcal que prevalece- las condiciones estructurales y sociales no atendidas por el Estado, que vulneran el acceso de niñas y mujeres a la salud, a la educación, al trabajo digno, a la cultura, a la tenencia de la tierra, a la alimentación, a la participación política, a la libertad de expresión, de movilidad, de justicia y al acceso a una vida libre de violencia. Unos 300 feminicidos en el sexenio de Velasco Según informes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, durante el gobierno de Velasco Coello se registraron aproximadamente 300 feminicidios, como resultado de la ineficacia de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género. Señala ese informe que del año 2012 al 2014, en Chiapas se registraron 144 feminicidios. Del 2014 al 2017 se contabilizaron 125 feminicidios. De Enero a abril de 2018 se registraron 14 feminicidios y al menos 17 intentos de feminicidios. En lo que va del año, San Cristóbal de Las Casas se ubica como la ciudad con mayor número de feminicidios, entre los cuales se encuentran 5 niñas y adolescentes. Y que la denuncia del delito de violencia familiar en Chiapas se incrementó en un 295% en 2018 en relación con el año anterior, de acuerdo a datos proporcionados por la propia Fiscalía General del Estado. Precisan que es relevante porque en información de las mismas autoridades se puede confirmar que un alto porcentaje de los feminicidios es perpetrado por personas cercanas a la víctima: en el 67% de los feminicidios perpetrados en 2017 el victimario era concubino, pareja sentimental, expareja, familiar o conocido de la víctima, mientras que en el 33% restante no se determina la relación, sino que se encuentra “en investigación”, pudiendo aumentar el porcentaje referido. “El Estado ha fingido el cumplimiento de lo ordenado en la Declaratoria de AVG. La Fiscalía General del Estado, institución encargada de investigar con seriedad, imparcialidad, efectividad y con perspectiva de género todos los casos de violencia hacia las mujeres, ha mostrado incapacidad y falta de voluntad política para coordinar adecuadamente las acciones”, dijo el Frayba. Dijo que esto ha generado impunidad, inseguridad y falta de confianza en las mujeres. Además los feminicidios de mujeres pertenecientes a Pueblos Originarios no son investigados de manera adecuada bajo el argumento de la existencia de “usos y costumbres” o de la conflictividad social que existe en las comunidades indígenas. Respecto a la investigación, expuso que existen criterios subjetivos difíciles de probar en las indagaciones del delito, deficiencias de las procuradurías y fiscalías en términos de investigación parcial, forense y ministerial para identificar las razones de género que acreditan los feminicidios disminuyendo las posibilidades de que los responsables sean procesados por este delito y aumenta que sean liberados o tengan sentencias bajas. Y que las investigaciones realizadas en los casos de muertes violentas de mujeres, deben ser abordadas en su totalidad con perspectiva de género, en donde sus líneas de indagación tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer para garantizar el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido. La perspectiva de pertenencia cultural es necesaria para garantizar el acceso a la justicia a las mujeres provenientes de Pueblos Originarios. Con Peña, casi 13 mil feminicidios en todo el país Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio expuso en Chiapas, que el gobierno de Enrique Peña Nieto deja el peor contexto de violencia contra las mujeres en México, pues del 2012 a 2017 ellos documentaron el registró 12 mil 796 asesinatos de mujeres, de los cuales en solo el 22% se iniciaron investigaciones como feminicidio. Las organizaciones civiles clausuraron simbólicamente Procuradurías y Fiscalías por no procurar justicia, ni dar atención a las víctimas y que como nunca antes en la historia, el nuevo Gobierno Federal enfrenta grandes retos y recomendaciones internacionales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Indicó que hay un saldo negativo y el peor escenario de violencia que impacta en la vida y seguridad de las mujeres es el legado que deja Enrique Peña Nieto (EPN) al concluir su sexenio. Que las políticas públicas e instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, han sido ineficientes y sin perspectiva de género. Aunado a ello, las procuradurías o fiscalías en lugar de garantizar el acceso a la justicia, la obstruyen. Son “negligentes y omisas”, como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia de Mariana Lima, emitida en marzo de 2015. Señala el Observatorio que las estructuras patriarcales a las que se enfrentan las las mujeres, se encuentran presentes en las relaciones de pareja, en la violencia laboral, en las zonas comunitarias, desde redes criminales y en la violencia institucional. La violencia de género afecta a las mujeres tanto en el ámbito privado como en el público. “Nos enfrentamos a contextos comunitarios de alta criminalidad donde somos consideradas mercancía, botín de guerra. Atentan contra nuestro cuerpo y nos someten a niveles de violencias inimaginables. Aunado a ello, la impunidad es imperante, lo que hace permisible la prevalencia, incremento y agudización de la violencia”, dice el Observatorio. Y que en materia de violencia sexual la situación es preocupante, pues de acuerdo con la Secretaría de Salud, durante 2017, solo 89 mujeres accedieron a servicios de aborto por violación, lo que contrasta con los casi 600 mil reportes de delitos sexuales al año, en los que nueve de cada diez víctimas, son mujeres. Cabe destacar que las mujeres víctimas de violencia sexual no reciben una atención integral; por el contrario, en la mayoría de los casos se les criminaliza al negarles el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo. Tan solo entre 2008 y junio de 2017 organizaciones no gubernamentales documentamos 2,659 denuncias contra mujeres por el delito de aborto. Un factor más es el recrudecimiento de los obstáculos por la actuación de grupos antiderechos que se empeñan en impedir cualquier avance que tenga que ver con la igualdad sustantiva de las mujeres. Los feminicidios en México siguen siendo un flagelo nacional. De acuerdo con datos recabados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el 40% de las víctimas de feminicidio de 2014 a 2017, tenían entre 21 y 30 años de edad, y en el 70% de los casos, las mujeres fueron asesinadas en el ámbito público. Las causas de muerte documentadas fueron: golpes, estrangulamiento, asfixia, quemaduras, envenenamiento, mutilación, agresiones con armas de fuego, entre otras. En este contexto tan adverso, el Estado toleró y legitimó la presencia y el control territorial de redes y estructuras criminales a nivel nacional que atentaron contra la vida de las mujeres y niñas. A pesar de que se identificaron y documentaron patrones del delito, prácticas y modus operandi, tanto el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, fueron omisos al negarse a reconocer la vinculación del feminicidio con otros delitos, reduciéndolo sólo al ámbito privado, intentando desconocer que los contextos criminales están atentando contra la vida de las mujeres. En ese sentido, de acuerdo con la información del Gobierno Federal, del 2012 al 2016 solo se emitieron a nivel nacional 304 sentencias por feminicidio, sin determinar si estas fueron o no condenatorias. Si bien durante el gobierno de EPN se logró la investigación y la declaratoria de 17 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), éstas no tuvieron el impacto esperado debido a que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) no quiso corregir y fortalecer el Mecanismo, a pesar de las propuestas hechas por las propias organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia. “Hoy, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, estamos frente a un contexto grave señalado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de la ONU en su novena evaluación, al cuestionar al Estado mexicano, por el incumplimiento de varias de las recomendaciones reiteradas en las evaluaciones recientes y a pesar de las cuales, la situación de violencia es cada vez más grave”, dice el organismo no gubernamental. Como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, reconocieron que el nuevo gobierno se enfrentará a un contexto como nunca antes en la historia de México, por lo que se requiere de una acción urgente y responsable, con una ruta clara que permita evaluar los impactos de las medidas que implemente para erradicar la violencia contra las mujeres.