OAXACA, Oax.(proceso.com.mx).- En el marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las Mujeres, organizaciones civiles clausuraron simbólicamente la Fiscalía General de Oaxaca “por la simulación en la implementación de la alerta de género, por no procurar justicia, ni dar atención a las víctimas”. Mientras que la fiscalía se limitó a editar un video para dar a conocer sus avances en materia de feminicidios y rematar que “estamos acabando con la impunidad”, en tanto que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, realizó un acto, entre su gabinete, donde recalcó que “en mi gobierno, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres”. Posteriormente, las integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio realizaron una marcha de la fuente de las Ocho Regiones frente al Palacio de Gobierno para denunciar que por su negligencia y fallas contribuyen a la perpetuación de la violencia contra las mujeres en Oaxaca. En el acto de clausura simbólica de la fiscalía se dio a conocer que el gobierno del priista Enrique Peña Nieto se ha convertido en el “sexenio de la muerte” porque de 2012 a 2017 el observatorio registró 12 mil 796 asesinatos de mujeres, de los cuales en solo el 22% se iniciaron investigaciones como feminicidio. Por consiguiente, “como nunca antes en la historia, el nuevo Gobierno Federal enfrenta grandes retos y recomendaciones internacionales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”. Yésica Sánchez Maya, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, resaltó que “un saldo negativo y el peor escenario de violencia que impacta en la vida y seguridad delas mujeres es el legado que deja Enrique Peña Nieto (EPN) al concluir su sexenio”. Su argumento es que “las políticas públicas e instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, han sido ineficientes y sin perspectiva de género”. Aunado a ello, las procuradurías o fiscalías en lugar de garantizar el acceso a la justicia, la obstruyen. Son “negligentes y omisas”, como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia de Mariana Lima, emitida en marzo de 2015. Destacaron que “los feminicidios en México siguen siendo un flagelo nacional. De acuerdo con datos recabados por el Observatorio, el 40% de las víctimas de feminicidio de 2014 a 2017, tenían entre 21 y 30 años de edad, y en el 70% de los casos, las mujeres fueron asesinadas en el ámbito público. Las causas de muerte documentadas fueron: golpes, estrangulamiento, asfixia, quemaduras, envenenamiento, mutilación, agresiones con armas de fuego, entre otras. En este contexto tan adverso, el Estado toleró y legitimó la presencia y el control territorial de redes y estructuras criminales a nivel nacional que atentaron contra la vida de las mujeres y niñas, abundó. Mencionó que pesar de que se identificaron y documentaron patrones del delito, prácticas ymodus operandi, tanto el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, fueron omisos al negarse a reconocer la vinculación del feminicidio con otros delitos, reduciéndolo sólo al ámbito privado, intentando desconocer que los contextos criminales están atentando contra la vida de las mujeres. En ese sentido, de acuerdo con la información del Gobierno Federal, del 2012 al 2016solo se emitieron a nivel nacional 304 sentencias por feminicidio, sin determinar si estas fueron o no condenatorias. “Si bien durante el gobierno de Peña Nieto se logró la investigación y la declaratoria de 17 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), éstas no tuvieron el impacto esperado debido a que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) no quiso corregir y fortalecer el mecanismo, a pesar de las propuestas hechas por las propias organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia, lo que convirtió a una mera simulación”, puntualizó Consideran que el presidente de la república electo, Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores actuales y los cinco nuevos gobernadores incluyan el combate, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres como un eje transversal y una prioridad en sus agendas políticas. Finalmente, “las defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que conformamos el OCNF en 23 estados de la República, damos cuenta de la inacción, desinterés y dolo que prevaleció en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y estaremos atentas del actuar del nuevo Gobierno Federal”. Por su parte, la Fiscalía General de Oaxaca en lugar de dar la cara circuló un video de un minuto con 20 segundos donde informa que “durante 2018 se han iniciado 25carpetas por feminicidio y 75 por homicidio doloso, 23 menos que las iniciadas en 2017. Además que durante estos dos últimos años han obtenido 89 órdenes de aprehensión y detenido a 58feminicidas y homicidas de mujeres. Se ufanó que mientras en el 2016 se resolvían 10% de los caos de feminicidios, este año 2018mas del 60% están judicializados, además están procesados 59 probables homicidas o feminicidas. Hizo hincapié que “en los últimos dos años hemos logrado 31 sentencias condenatorias, 12 por feminicidios y 19 por homicidios dolosos. Estamos acabando con la impunidad, remata. A su vez, el gobernador Murat Hinojosa reiteró que se trabajará arduamente para enraizar la perspectiva de género, en la cultura de las y los oaxaqueños. “Quiero reiterar mi absoluto rechazo a cualquier tipo de ofensa contra las mujeres. En esta administración y en la vida diaria debe haber cero tolerancia contra la violencia hacia las mujeres”, afirmó. Destacó que” actualmente,25 de los 40 municipios en Alerta de género en la entidad, han respondido instalando Consejos Municipales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género y respecto de los quince restantes, seguirán como gobierno estatal y haciendo equipo con el gobierno federal entrante, muy al pendiente en tareas de acompañamiento”.