MONTERREY, NL (apro).– El Penal de Topo Chico será demolido en el año 2020, cuando cumpla 77 años en funciones, y los prisioneros que alberga serán trasladados a celdas que se construyen en los penales de Apodaca y Cadereyta.

El secretario general del gobierno de Nuevo León, Manuel González Flores, informó este lunes que ya están en construcción 350 celdas en Apodaca y próximamente comenzará la edificación de otras 350 celdas en Cadereyta.

Durante la glosa del Tercer Informe de Gobierno ante diputados en el Congreso de Nuevo León, el funcionario informó que los trabajos de ampliación del penal de Apodaca ya tienen un 60% de avance.

La inversión para ese proyecto sumará los dos mil millones de pesos, de los cuales 900 serán aportados por el estado y el resto por la Federación.

El funcionario reconoció que las instalaciones del Topo Chico han dejado de ser funcionales y ya no pueden proporcionar las condiciones penitenciarias que demanda el sistema estatal, por lo que es necesaria e impostergable la reubicación de los internos que ahí purgan condenas.

Los días 10 y 11 de febrero de 2016 fueron asesinados 49 internos en el penal de Topo Chico, en una de las peores matanzas carcelarias del país.

“Pensamos nosotros liberar y cerrar totalmente el penal de Topo Chico, un penal que dejó de ser eficaz, que dejó de ser el lugar donde podamos lograr la reinserción de los reos recluidos en ese lugar”, dijo González.

Manuel González Flores agregó que, tras concluir la reubicación de los más de siete mil 500 internos en el estado, se podrá establecer un sistema de inteligencia penitenciaria que permitirá, entre otras acciones, crear programas que permitan la correcta reinserción social de los reclusos.

Además, el personal que opera las instalaciones penitenciarias contará con profesionalización y certificación.

El Gobierno de Nuevo León planea apoyarse en el sistema Compstat (estadísticas comparadas), de la firma Exiger Advisory, que evalúa el desempeño del sistema penitenciario local. También contaría con el respaldo del gobierno de Estados Unidos a través de su Embajada en Monterrey, que replicará ahí la Iniciativa Mérida para penales.

La administración del gobernador Jaime Rodríguez Calderón cancelo en 2013, por falta de recursos, la construcción del Penal de Mina, cuyas obras comenzaron en el gobierno anterior.

Del plan para edificar este reclusorio de máxima seguridad sólo queda la barda perimetral, en la cual se invirtieron 430 millones de los 3 mil millones 200 mil pesos que costaría todo el complejo carcelario.