TOLUCA, Edomex (apro).- Por segunda ocasión, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales determinó que el gobernador mexiquense no tiene facultad para designar notarios que incumplan con los requisitos de ley. En ese sentido, calificó de ilegal el nombramiento de los 12 fedatarios que hizo el exmandatario Eruviel Ávila, antes de concluir su mandato. El juez determinó otorgar la protección de la justicia federal al aspirante a fedatario Carlos Ruiz Domínguez, como resultado de la denuncia 1242/2017, aunque el abogado constitucionalista Oscar Valdés, promotor de la demanda, precisó que el gobernador Alfredo del Mazo aún puede impugnar la sentencia por la vía del recurso de revisión. No obstante, consideró que existen grandes posibilidades de que al agotar todas las etapas procesales el fallo quede firme, pues en esta ocasión el juez atacó tanto la Ley del Notariado del Estado de México como las designaciones realizadas por Ávila. “En este amparo ya se entró al fondo; ya se comentó que fueron ilegales las notarías y que el gobernador no puede nombrar notarios a discreción sin que cumplieran los requisitos”, dijo. El 30 de mayo pasado, el mismo Juzgado con sede en Toluca ya había declarado inconstitucionales los artículos 12 y 13 de la Ley del Notariado que permiten al mandatario mexiquense ejercer de forma discrecional la impugnación. No obstante, al resolver el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado falló en favor de Alfredo del Mazo Maza, quién recurrió aquella sentencia, pues los jueces determinaron que el amparo fue promovido de forma extemporánea, ya que debió presentarse tan pronto como se promulgó la atribución del gobernador para designar notarios, y no hasta que ejerció esa facultad. En enero pasado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito con sede en Naucalpan concedió la suspensión definitiva como notarios públicos a los 12 fedatarios designados por el exgobernador Eruviel Ávila. Sin embargo, a la fecha siguen operando ocho de ellos, debido a que para entonces ya habían entrado en funciones, y hacer efectiva la suspensión requería cubrir 600 mil pesos por cada notaría, lo que se traduciría en un monto de 5 millones de pesos que el promovente no logró reunir. Valdés Ramírez confió que en esta ocasión la sentencia sea más contundente, debido a que ataca tanto la ley como la acción de las designaciones, lo que al ser confirmado por el Tribunal Colegiado prácticamente revocará los nombramientos. Los fedatarios impugnados: son Alfredo Jaramillo Manzur, sobrino del exsecretario general de Gobierno, José Manzur; Erasto Martínez Rojas, exsecretario de Infraestructura cercano a Ávila Villegas; Lorena Gárate Mejía; hija de Francisco Gárate, exrepresentante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE); Luz María Angélica Alatorre Carbajal, esposa del entonces diputado federal panista Ulises Ramírez, y Omar Martínez Vargas, hermano de Octavio, exsecretario de Asuntos Electorales del CEN del PRD. También Héctor Javier Astudillo Calvo, hijo del gobernador de Guerrero; Ricardo Giovanni Arredondo Lino y Beatriz Mercedes Corona Mercado, ambos, familiares de funcionarios federales cercanos al presidente Enrique Peña, y Gustavo Fernández Sauri, exfuncionario del DIF de Veracruz y de la federación. Además, los empresarios Marcelo Rosseto Armida y Francisco Xavier Borrego Hinojosa, y el pevemista Alejandro Agundis Arias.