SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., (apro).- Habitantes y ejidatarios de La Presa, en el municipio de Villa de Guadalupe, interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del gobernador Juan Manuel Carreras López, el delegado de la Comisión Nacional del Agua, Manuel Téllez Bugarín, el Fiscal Federico Garza y el titular de la Comisión estatal del agua Jesús Alfonso Medina, a quienes señalan como responsables del acoso y hostigamiento legal al que han sido sometidos, en el marco de la construcción del acueducto de la presa La Maroma. La presa fue un compromiso de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, quien dejará la presidencia el 30 de noviembre. Las autoridades ejidales de La Presa denunciaron en agosto pasado al delegado de la Conagua Téllez Bugarín de falsificar sus firmas en un documento en el que supuestamente les otorgaban un poder ante el Registro Agrario Nacional, para manipular actas de asamblea del ejido, frente a la oposición manifiesta de los habitantes de éste y otros poblados al proyecto de la presa La Maroma y el acueducto. Estas poblaciones mantienen una defensa del abastecimiento de agua que les fue dotada por resolución presidencial desde 1955. A la movilización se han sumado otras medidas legales –también por la vía del amparo- que han emprendido las autoridades ejidales con el apoyo del Programa de agua y sociedad de El Colegio de San Luis, la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz. En respuesta a esto, a fines de octubre Teodoro Cárdenas Lucio, presidente del comisariado ejidal de La Presa, y Héctor González Cruz, representante de la comunidad, fueron citados por el Ministerio Público como imputados por el Ministerio Público en Matehuala, acusados de despojo, amenazas y lesiones. Lucha por el agua y la tierra En conferencia de prensa en el Centro Samuel Ruiz, los ejidatarios ratificaron que siguen en pie de lucha “por nuestras aguas y nuestras tierras, porque tenemos ese decreto que nos ampara…los cenotes, los arroyos, los manantiales son sagrados, por tal motivo, queremos que la gente entienda que tenemos el derecho constitucional de la defensa de nuestras tierras y aguas”, dijo el ejidatario Fernando Gómez. Una mujer ejidataria contó que con los trabajos de construcción de la presa “el agua se está contaminando, las autoridades no nos hacen caso, nos tratan como si no fuéramos nada, como si ellos tuvieran los derechos de todo”. “Donde trabajan con las máquinas, lo que están tumbando del cerro, lo están echando al manantial que es el agua que nosotros tomamos de toda la vida”, dijo la mujer, al referirse a las aguas del arroyo La Maroma. El comisariado ejidal Teodoro Cárdenas señaló que todas las comunidades, de La Presa a río abajo, resultarán afectadas. “Son muchas (comunidades), por eso decimos no a la presa; los cultivos, la ganadería, el consumo, todo se va a afectar”. La presa, promesa de Peña En la queja que el miércoles se presentó ante la quinta visitaduría general de la CNDH en San Luis Potosí, se asentó que la justificación de Conagua para el proyecto de la presa La Maroma fue “un compromiso de campaña del presidente Enrique Peña Nieto”; que el proyecto incluye la perforación de varios pozos para la operación de un acueducto, sin que se garantice que el agua extraída esté por debajo de la norma oficial en la presencia de arsénico y azufre, además de que los ejidatarios no tuvieron acceso al proyecto, ni fueron convocados a alguna reunión pública o consulta sobre el mismo. La asamblea del ejido no autorizó las modificaciones territoriales planeadas por el proyecto, y Conagua realiza tareas para la construcción de un acueducto que pasa por los terrenos del ejido y que no está incluido como tal en el proyecto de La Maroma. “Esta situación atenta contra los derechos agrarios y los derechos de agua de nuestro núcleo ejidal, en particular, al tiempo que pone en riesgo los derechos ambientales de la población de la región en general, derivado de los trabajos de remoción de cobertura forestal, construcción de caminos, apertura de bancos de materiales y desvío de cauces de agua de propiedad nacional, sin contar con los permisos respectivos”, se expone en la queja. Además, se hace mención de que el 8 de septiembre fue asesinado Margarito Díaz González, líder wixárika quien había participado en la defensa de los sitios sagrados, derechos de los pueblos originarios y las lenguas maternas “A través de un comunicado la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, pidió a las autoridades competentes que el asesinato tenga como una de las líneas de investigación la participación del dirigente indígena como defensor del medio ambiente por la construcción de la presa ‘La Maroma’ y obras integradas a ese proyecto ubicadas en los municipios de Real de Catorce, Villa de Guadalupe y Matehuala, San Luis Potosí”, se expuso. Conagua, hostigamiento Todo esto, dicen los quejosos, ha desatado numerosos actos de hostigamiento por parte de la Comisión Nacional del Agua y presuntos agentes ministeriales del estado, en un contexto de criminalización de personas defensoras de derechos humanos y ambientales, como en este caso. “Hay un uso doloso y punitivo del estado que criminaliza nuestra posición política y social y nuestro activismo ambiental”, dice el escrito de la queja presentado ante la CNDH, en el que se señala a las autoridades inicialmente mencionadas, encabezadas por el gobernador Juan Manuel Carreras. Como medida inicial se solicitaron al organismo medidas cautelares urgentes, incluyendo la cancelación del proyecto de la presa, para garantizar los derechos al agua, la salud y el medio ambiente sano de los pobladores de esta zona del Altiplano potosino.