El éxodo de las comunidades azotadas por la producción de mariguana en Guerrero

viernes, 9 de noviembre de 2018
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Desde hace más de una década, la principal actividad comercial del poblado indígena nahua de Tlaltempanapa es la producción de mariguana, se le considera como “el jardín” del municipio de Chilapa y fuente estratégica de abastecimiento de enervantes en la región Centro de la entidad. Por ello, la disputa por el control de este “pueblo mariguanero” entre las bandas criminales de Los Rojos que lidera Zenén El Chaparro Nava Sánchez y Los Ardillos de Celso La Vela, hermano del actual diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, han convertido este lugar en zona de muertos, desaparecidos y desplazados por la violencia, indican reportes oficiales. El éxodo más reciente se registró el martes 6, cuando 70 personas -en su mayoría niños y mujeres indígenas-, huyeron caminando por los cerros y al amparo de la noche para buscar refugio en la cabecera municipal de Copalillo, lugar ubicado en la zona del Alto Balsas. Esta es una ruta natural utilizada por el narco para el trasiego de droga de la zona Centro de Guerrero al estado de Puebla pasando por Atenango del Río y Copalillo sobre la ribera del río Balsas, refieren los mismos informes. Sobre este caso, el gobierno de Héctor Astudillo Flores tiene ubicados a los generadores de la violencia en Zitlala, quienes son identificados por el Grupo Coordinación Guerrero (GCG), como una célula delictiva al servicio de Los Ardillos, dirigida por Hermelindo Cuchillo El Hermes y su hermano Francisco El Espinoso, ambos de Tlaltempanapa. Así como Omar Loreto Macario El Sapo de Acatlán, hermano de Aristides Loreto Macario El Marino, este último actualmente preso por el homicidio de tres policías federales en Chilapa, indica el informe oficial del gobierno estatal. En respuesta a la dramática situación que se vive en Tlaltempanapa, el gobernador Astudillo anunció este día que su estrategia para resolver el problema de los desplazados por la narcoviolencia de Zitlala, es entregar paliativos como “despensas y colchonetas”. Hasta el momento, el gobierno astudillista reconoce solo 685 personas originarias de los municipios de Coyuca de Catalán, Zitlala, Chilapa, Apaxtla y San Miguel Totolapan como parte del Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno. Este mecanismo estatal está conformado por 13 dependencias estatales, enfocadas en realizar presuntamente “brigadas de atención a la salud para los desplazados, así como la entrega de alimentos, víveres y espacios en condiciones adecuadas, que les permitan reiniciar una vida digna”, indica el texto del tercer informe de labores de Astudillo. No obstante, la cifra no oficial denunciada por organismos no gubernamentales rebasa las tres mil personas desplazadas por la narcoviolencia en los últimos seis años en la entidad y el fenómeno continua. La tragedia de un "pueblo mariguanero" En la década de los noventas, los pobladores de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala -todos indígenas nahuas- vendían mariguana en sus casas “como artesanía” para los consumidores y revendedores que llegaban desde Chilapa. “Eran los tiempos que Tlaltempanapa era considerado el jardín de Chilapa”, narra a apro un sobreviviente de la violencia. Posteriormente, Zenén El Chaparro Nava “impuso una cuota mensual” y obligó a los productores de Tlaltempanapa a venderle exclusivamente a la organización criminal de Los Rojos, afincados en Chilapa. De esta forma, El Chaparro acaparó el negocio del narcomenudeo en Chilapa y Zitlala donde también colocó a colaboradores en áreas de Seguridad Pública de ambos municipios, afirmó una fuente oficial que pidió el anonimato. “Solo podías consumir mota marcada por Los Rojos, los policías municipales de Chilapa permitían fumar en plazas públicas, pero si fumabas de otra mariguana, eras detenido y te entregaban con los sicarios para ser desaparecido”, señaló la misma fuente. Fue el reinado de terror que impuso en la zona indígena de la región Centro hasta mayo de 2015 cuando unos 300 integrantes de Los Ardillos tomaron la cabecera municipal de Chilapa, el bastión de Los Rojos y lo mantuvieron sitiado durante cinco días, periodo que utilizaron para realizar detenciones arbitrarias y cateos de domicilios con la complacencia del Ejército y policía federal y estatal. En este lapso fueron reportadas como desaparecidas, al menos 60 personas, jóvenes en su mayoría, acusados por los líderes de Los Ardillos de formar parte de la estructura de Los Rojos y se desató una ola de ejecuciones de civiles, mandos policiacos y políticos de todas las filiaciones partidistas. Fue entonces cuando un grupo de pobladores de Tlaltempanapa, se revelaron al yugo de El Chaparro y se sumaron al grupo de autodefensa denominada Paz y Justicia, dirigido por José Apolonio Villanueva Jiménez y señalado por el gobierno estatal como brazo armado de Los Ardillos. De ahí, se generó una serie de ejecuciones en Tlaltempanapa, así como la desaparición de familias completas. Entre los casos destaca el ocurrido el 6 de enero de 2016, cuando un grupo de Los Ardillos irrumpió en el poblado de Quetzalcoatlán de las Palmas y ejecutaron a seis personas, mientras que tres más quedaron heridas. Luego, la familia García Feliciano, conformada por seis personas, fue desaparecida el 16 de octubre del mismo año cuando pasaban por un retén de Los Ardillos instalado en Tlaltempanapa. Las víctimas, Marino García Capistrán de 54 años, su esposa María Feliciano Diego de 48 y sus hijos Félix, de 25; Santa, de 23 y Marco Antonio, de 18; así como la abuela, Florencia García Capistrán, de 80 años, salieron de Ixcatla, municipio de Zitlala rumbo a Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo y cuando regresaron desaparecieron y hasta la fecha se desconoce su paradero. Ahora, un joven desplazado por la violencia que se encuentra refugiado en Copalillo, dijo a medios locales que en Tlaltempanapa ya sólo quedan 30 familias, unas 150 personas en su mayoría integrantes de Los Ardillos, quienes mantienen el cobro de cuotas y presión a los campesinos. Antes, en Tlaltempanapa vivían un promedio de 300 familias, es decir, mil 800 habitantes, aproximadamente, indicó la víctima, quien señaló que decidieron salir de su pueblo porque los líderes del grupo armado detuvieron a su papá, un hermano y su tío por negarse a trabajar para la organización, específicamente en la siembra de enervantes. Por esta causa, escuelas y centros de salud permanecen cerrados en Tlaltempanapa, así como en otras comunidades de Zitlala como Ayotzinapa, Huixcomulco, Tlapehualapa y Quetzalcoatlán. También en el poblado de La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan, donde el grupo de Los Ardillos mantiene el control absoluto de la zona productora de mariguana y esclavizada a la población indígena. Este es la historia de un pueblo que vive y muere por la producción de mariguana en el contexto de la legalización planteada por la senadora Olga Sánchez Cordero, la próxima secretaria de Gobernación y quien afirmó que de esta forma se van a revertir los efectos de la violencia y que van a impedir que las organizaciones delictivas mantengan el control de la producción, trasiego y venta de la cannabis.

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