COLIMA, Col. (apro).- En los últimos años se incrementaron las cifras de feminicidios en seis entidades con declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), de acuerdo con un estudio realizado por la organización Articulación Ciudadana para la Equidad y el Desarrollo A.C. en torno a los casos de Colima, Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit, así como de dos entidades con solicitud de declaratoria: Tlaxcala y Puebla. En los resultados destaca el caso de Colima, que pasó de una tasa de 7.04 casos anuales por cada cien mil mujeres en 2015, a una tasa de 19.28 en 2017, esto es, tuvo un crecimiento de 173.8 por ciento, mientras que Nayarit había registrado 1.8 en 2015 y llegó a 8.9 en 2017. En el caso del municipio de Manzanillo, no fue incluido específicamente en la AVG de Colima, a pesar de que registra la mayor incidencia de asesinatos de mujeres en el estado, situación que “lleva a cuestionar los criterios para considerar a determinados municipios en la declaratoria de AVG”. El estudio hace notar que en cuanto a la tipificación del feminicidio, en Sinaloa todos los homicidios de mujeres son identificados como tal, sin embargo, “esto también impide un análisis adecuado de la dinámica de la violencia contra las mujeres”. El informe fue presentado en esta ciudad por Laura Nayely Pedraza Álvarez, integrante de Articulación Ciudadana, con la participación de María del Carmen Nava Pérez, directora del Centro de Apoyo a la Mujer (CAM), y Evangelina Flores Ceceña, de la Fundación IUS Género, organizaciones solicitantes de la AVG para Colima. Realizada con recursos del Programa de Coinversión Social, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la investigación detectó que dentro del mecanismo de las AVG se carece de indicadores de proceso y de cumplimiento para dar seguimiento a las medidas implementadas en las entidades donde se ha llevado a cabo la declaratoria. Así también, Articulación Ciudadana encontró que las medidas establecidas en las alertas son generales e incluso con recomendaciones similares entre las entidades, por lo que “es importante considerar de manera particular las condiciones de las entidades e incluso de los municipios, pues las mismas medidas pueden no funcionar de la misma forma en contextos múltiples”. Con base en los hallazgos, se consideró necesario que la implementación de las medidas de la AVG no dependa de la voluntad política de los funcionarios en turno, pues en el caso de los municipios se ha detectado una deficiencia importante en el compromiso de las autoridades para el seguimiento. Para garantizar lo anterior, se propone establecer sanciones y tiempos claros para el cumplimiento de las acciones contempladas por las declaratorias, además de que es necesario involucrar a las organizaciones solicitantes en el proceso de seguimiento e incluso incentivar que más organizaciones se involucren en temas específicos. En las conclusiones se establece que un pendiente de suma importancia a nivel nacional es la consideración de la violencia política de género en las normativas pertinentes, pues aunque ha crecido la presencia de mujeres en espacios políticos, “se han enfrentado a exclusión, discriminación e incluso violencia impidiéndoles ejercer sus funciones de manera adecuada o desincentivando a las mujeres a participar en este importante ámbito de toma de decisiones”. Entre las principales virtudes del mecanismo de la AVG, las organizaciones consultadas para el estudio destacaron que se permite a la sociedad civil participar con señalamientos a las autoridades respecto a los temas pendientes para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En su intervención, la directora del CAM, Carmen Nava, señaló que en el caso de Colima ha faltado voluntad política de los tres poderes y de los dos niveles de gobierno para el cumplimiento de la AVG, sobre todo “esa voluntad política que se expresa en el presupuesto”, dado que no ha habido recursos extraordinarios para la implementación de las medidas. A su vez, la titular de IUS Género, Evangelina Flores, advirtió que en Colima las muertes violentas de mujeres no se están investigando como feminicidios, y planteó la necesidad de que las organizaciones presionen para que se aplique y funcione el protocolo de la materia. Otra problemática que señaló Flores radica en que los jueces de Colima no están aplicando la visión de género en sus sentencias.