TOLUCA, Edomex. (apro).- La Legislatura mexiquense mandató a los poderes del Estado, organismos auxiliares, órganos autónomos y ayuntamientos la elaboración y publicación de un plan de austeridad 2019, cuyos resultados serán informados trimestralmente a la comisión parlamentaria de Planeación y Gasto Público. A propuesta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y por mayoría de 60 votos, los convocados deberán reducir o cancelar conceptos de gastos que no resulten indispensables para su operación, respetando en todo momento el recurso destinado a los programas prioritarios y de desarrollo social. Además, deberán reducir en 30% el parque vehicular, a través de la subasta pública con precios accesibles a los ciudadanos mexiquenses, a fin de ahorrar en combustible, mantenimiento y seguros. También se plantea la reducción y cancelación de las líneas de telefonía celular de todos sus empleados y servidores públicos, incluyendo el gobernador. “Solo se mantendrán las líneas telefónicas de los servidores que desempeñen tareas de seguridad pública, protección civil, auditores e inspectores de obra pública y otras que justifiquen ser indispensable para la labor que realizan”. Quienes mantengan el servicio de telefonía a cargo de alguna dependencia pública, serán responsables solidarios de llamadas de larga distancia y a telefonía celular, por lo que deberán realizar reportes mensuales de las que sean realizadas para el cumplimiento de sus funciones. De igual manera, deberán restructurar el capital humano, mediante ajustes administrativos de personal para aprovechar al máximo capacidades y conocimiento de todos los servidores públicos, valorando su profesionalismo, trayectoria, competencias laborales, e impulsando su desarrollo. “La contratación del personal por cualquier modalidad deberá atender a un dictamen de justificación de cada una de las plazas, priorizando las necesarias para cumplir con las tareas de seguridad, impartición de justicia, educación, salud y desarrollo social.” El punto de acuerdo fue presentado por la diputada Karla Fiesco y desahogado de manera urgente, con la finalidad de obligar una programación que eficiente los recursos públicos y garantice servicios de calidad a los mexiquenses. Además de ser el órgano que autoriza el gasto, dijo, la legislatura también revisa su ejecución por medio de la fiscalización de las cuentas públicas, “y ello nos obliga a señalar la demanda unísona de la sociedad mexiquense y evitar que los recursos se usen de forma negligente.” Recordó que los alcances de revisión de las cuentas públicas del año 2017 identificaron que la deuda pública creció en tres mil 050 millones 888 mil pesos (8.5%), lo que refleja incongruencia con el ejercicio del gasto público, pues el gobierno estatal dejó de ejercer 4 mil 012 millones de pesos; es decir, ni se gastó ni se invirtió, pero se sigue endeudando a los mexiquenses. Además, lamentó, de los 45 municipios que cuentan con Organismos Descentralizados de Agua y Saneamiento (ODAS), 28 rebasan el límite de deuda establecida (40 por ciento de sus ingresos) y también el Organismo Descentralizado para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli (MAVICI). “Los ODAS y MAVICI cuentan con una deuda a corto plazo de nueve mil 808 millones 745 mil pesos, y de largo plazo de mil 121 millones 821 mil pesos, lo que equivale a una deuda de 10 mil 930 millones 567 mil pesos. La deuda de las ODAS y MAVICI equivale a 36.4% del total de la deuda pública registrada en los ayuntamientos y organismos municipales”, señaló. El ISSEMyM, prosiguió, ejerció 23 mil 009 millones 184 mil pesos de un presupuesto modificado de 25 mil 986 millones 792 mil pesos y tuvo subejercicios de 11.5%. En materiales y suministros se ejercieron cuatro mil 675 millones 617 mil pesos, y en servicios personales tres mil 400 millones 481 mil pesos, que representa 20.3 y 14.8 por ciento, respectivamente. “Lo preocupante es que uno de los rubros con mayores recursos ejercidos fue el de Servicios Personales, y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) determinó que el ISSEMyM incumplió con el porcentaje establecido para este rubro, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios”, planteó. El Poder Judicial, detalló, incumplió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios en materia de Adefas y se encuentra en un rango medio de cumplimiento en relación a las obligaciones a corto plazo, proveedores y contratistas. Las revisiones, añadió, no reflejan un incremento que atienda a una correcta inversión de los entes públicos de la entidad; “por ello es urgente tomar medidas responsables para que estas problemáticas no persistan.”