TOLUCA, Edomex. (apro).- Con 42 votos a favor, Morena y el Partido Encuentro Social (PES) tumbaron la reforma priista avalada a finales de la anterior legislatura que contemplaba la destitución de los nuevos alcaldes por no pagar los laudos laborales heredados. En contra de la reforma a la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y la Ley de Contratación Pública se pronunciaron 18 diputados del tricolor, y de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), mientras los petistas se abstuvieron. La diputada morenista Elba Aldana recordó que el 19 de septiembre pasado se publicó en Gaceta de Gobierno el decreto 325 que fue avalado por la mayoría del PRI y sus aliados en la legislatura saliente para obligar a los nuevos ayuntamientos (55, entre ellos los más importantes, serán administrados por los integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia) al pago de los laudos laborales históricos que les fueron heredados. La propuesta de modificación de Morena plantea, entre otras, la derogación del artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal que responsabilizaba a los nuevos alcaldes de los laudos no cubiertos, a pesar de que el artículo 53, fracción I Bis de la propia Ley, determina que esa responsabilidad corresponde a los síndicos. “El presidente y los representantes legales asignados, serán responsables… por la falta de seguimiento y atención de los litigios laborales instaurados en contra del Ayuntamiento. En caso de incumplimiento… el presidente será responsable del pago de los créditos laborales laudados en contra del ayuntamiento durante su gestión y en caso de incumplimiento será responsable con ayuntamientos posteriores”, disponía. Esta redacción, expuso la legisladora, se contrapone al artículo 98, fracción VI de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, donde se establece que son obligaciones de las “instituciones públicas” cumplir oportunamente los laudos; es decir, del ayuntamiento y no del presidente municipal. “Es inviable que se pretenda fincar responsabilidades administrativas a un servidor público por acciones u omisiones atribuidas a sus predecesores, en razón de que se estaría violentando el principio de responsabilidad personal que consiste en que un sujeto sólo es responsable por los actos que le sean personalmente reprochables”, dijo. En el ejercicio del poder público de la autoridad, prosiguió, es el ente jurídico estatal el que debe asumir las consecuencias, y las nuevas administraciones tendrán que afrontar el pago de los laudos que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje no dictó, en su oportunidad, en contra de los ayuntamientos anteriores y los salientes, en detrimento de la hacienda pública municipal. La reforma morenista también se concretó al segundo párrafo de la fracción I Ter del artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal que responsabilizaba al presidente municipal y tesorero del pago y de los conflictos laborales durante su gestión, en caso de que el síndico incumpliera con supervisar a los representantes legales para la correcta atención y defensa de los litigios laborales y no informara al alcalde de cualquier irregularidad en la atención y defensa de los conflictos laborales. Quienes votaron en contra o se abstuvieron, acusaron que la modificación se realizó fast-track porque la iniciativa se les remitió una hora antes, demandaron sin éxito su turno a comisiones para enriquecerla, y acusaron que perjudica a los empleados municipales. “El mensaje que mandan a los mexiquenses es de incertidumbre, de que tomarán el poder con la consigna de despedir a todo el personal para pisotear a todos los trabajadores y servidores públicos municipales”, señaló la priista María Mercedes Colín. La morenista Beatriz García reviró que son las anteriores administraciones quienes causaron los conflictos, y advirtió que de no ser modificados los ordenamientos, los nuevos alcaldes podrían ser destituidos por omisiones de los que no son responsables. “Estamos a 18 días del cambio de administración y es necesario brindar certeza jurídica, garantizar que no haya embargos, porque generaría incertidumbre a los ayuntamientos entrantes. No resuelve el problema destituir a los alcaldes. Se pagarán los laudos y hay que ir por los responsables legales, que haya una partida económica estatal que ayude a cubrir los laudos”, anticipó su correligionario Tanech Sánchez, secundado por sus compañeros Rosario Elizalde y Gabriel Gutiérrez.