CANANEA, Son. (apro).- Las sección 65 del Sindicato Nacional Minero anunció que se encuentra documentando irregularidades cometidas por el consorcio Grupo México para retirarle la concesión de la mina Buena Vista del Cobre. Los sindicalizados reconocen como irregularidades el macroderrame de 40 millones de tóxicos mineros sobre los ríos Sonora y Bacanuchi; las condiciones de inseguridad laboral que experimentan los trabajadores; y las demandas no atendidas de los mineros para con la empresa. Sergio Tolano, secretario general del Sindicato Nacional Minero de la sección 65, afirmó que la “tranquilidad” regresará a esta ciudad cuando Grupo México se retire de la región. “Vamos a dar inicio a la demanda legal con la documentación de todos los agravios que se han cometido por parte de la empresa, que no es respetuosa de la vida de los trabajadores y vamos recoger todas las denuncias de los trabajadores para presentarlas en los congresos”, señaló Tolano. Paralelamente, la mina Buenavista del Cobre y su subsidiaria Grupo México, enfrenta un lío legal por el gasoducto que les entrega el hidrocarburo proveniente de los Estados Unidos debido a que infraestructura fue asentada sobre terrenos ejidales sin contar con los derechos de vía correspondientes. “Vamos por todo porque es decisión de todos los trabajadores, y nosotros vamos a dar cabida a todas esas exigencias y tengo que anunciarlo porque vamos por el retiro de la construcción al grupo México”, insistió el líder sindical cananense. Esta determinación coincide con la iniciativa de la senadora morenista, Angélica García, quien presentó modificaciones a la Ley Minera para regular la normatividad que rige las concesiones y asignaciones mineras, priorizando la importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se desarrolla esta actividad. En esta presentación del 20 de noviembre anterior las modificaciones a la ley también incluyen obligaciones a los titulares de las concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano. Actualmente la Ley Minera, consideró la legisladora, no considera la necesidad de realizar análisis de impacto social y de las consecuencias por el otorgamiento de concesiones y tampoco consultar a las comunidades y pueblos afectados por las mismas. Detalló que su propuesta tiene como objeto facultar al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios de impacto social respecto de las áreas objeto de concesión y de asignación mineras. Asimismo, busca que la Secretaría de Economía pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo. “Se tiene que garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar”, subrayó la senadora en la alta tribuna mexicana. Y concluyó:” Es muy importante atender a las pequeñas colectividades donde se extraen los minerales porque pasa esto: se extraen, se causan daños y no se deja beneficio de la explotación minera; no privilegiemos el interés económico de unos cuantos por encima de los derechos sociales de la población que está siendo vulnerada”.