OAXACA, Oax. (apro).- Como resultado de la “mala decisión” del ministro José Ramón Cossío Díaz y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se han comenzado a replicar consultas amañadas o simuladas para imponer megaproyectos, como ocurrió el pasado viernes en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo para la construcción de la central eólica Gunaa Sicarú, promovido por la filial de Eólica de Francia (EDF). Así lo dio a conocer el coordinador de área de justicia trasnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Juan Antonio López, quien agregó que el pasado 14 de noviembre, la Primera Sala de la SCJN resolvió que la consulta en Juchitán se realizó con los principios de ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a pesar de la existencia de una serie de violaciones dentro del procedimiento. Al dar la razón al procedimiento de consulta a la comunidad indígena de Juchitán sobre el proyecto Eólica del Sur, considerado el parque eólico más grande en América Latina, cuya energía eléctrica generada se destinará al consumo de empresas como Oxxo, Heineken de México y otros negocios de FEMSA y tendrá la inversión de Mitsubishi y el gobierno mexicano, se motivó a que se hiciera otra simulación en Unión Hidalgo, expuso. López cuestionó que “en el último día del gobierno de Peña Nieto intentaron realizar una consulta en Unión Hidalgo convocando con menos de 48 horas, en español y no en zapoteco, en día hábil y a las diez y media, cuando la gente está trabajando. De nueva cuenta intentan simular que se hace una consulta para garantizar  o favorecer a estas grandes inversiones y es cumplir con un requisito sin ser real”. A esa consulta asistiría el subsecretario de Energía, el director de consulta de esa misma secretaría y autoridades del estado. Hizo hincapié en que es “no es una consulta real porque no se consulta a la comunidad real, sólo llevan a grupos para legitimar procesos artificiosos para luego justificar que, cuando la comunidad dice no, es un grupo que está en contra de la inversión y del desarrollo”. El pasado viernes, la Secretaria de Energía reactivó el proceso de consulta indígena en su primera etapa de “acuerdos previos” para la construcción y operación del proyecto central eólica Gunaa Sicarú, promovido por la empresa Eólica de Oaxaca, filial de “Eólica de Francia, EDF”. La asamblea comunitaria se estableció en un salón de fiestas y no en un espacio público abierto, justificando que el auditorio municipal sufrió afectaciones con el sismo del 7 de septiembre. Esta consulta estuvo dirigida por Eduardo Martínez Rivas, responsable del procedimiento de consulta de la Sener, y también participó Juan José Moreno Sada, secretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, funcionarios  de la Secretaria de Asuntos Indígenas y el alcalde de Unión Hidalgo, Wilson Sánchez Chévez. El proyecto implica la colocación de 115 aerogeneradores de 2.625 megawatts cada uno y tendrá una capacidad total instalada de 301.9 megawatts, 26 aerogeneradores se ubican en La Ventosa, agencia de Juchitán, y 89 en Unión Hidalgo. Juan Antonio López insistió en que los pueblos indígenas siguen siendo objeto de discriminación estructural, entendida como un conjunto de prácticas, de iure o de facto que, por un proceso sistemático de acumulación de desventajas, niegan el trato igualitario o producen resultados desiguales para ciertos grupos sociales, teniendo consecuencias macrosociales en los ámbitos del disfrute de los derechos y la reproducción de la desigualdad social. Remarcó que en México, la discriminación estructural a los pueblos indígenas está probada; basta referir que un estudio del Coneval concluyó la existencia de una relación directa entre pobreza y volumen de población indígena, y que la existencia de un rasgo étnico se relaciona de manera directa y estrecha con escenarios de mayor precariedad que en el resto de la población. Finalmente destacó que las decisiones de la SCJN en nada abonan a la fortaleza democrática del país. Sí, en cambio, permiten que las decisiones sobre tierras y recursos continúen siendo tomadas por terceros y no por los pueblos originarios, concluyó.