CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En una votación de cuatro votos contra tres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que no hubo violaciones a la cadena de custodia de la paquetería electoral, ni irregularidades graves que justifiquen la anulación de la elección de Martha Erika Alonso a la gubernatura de Puebla. Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González, Felipe de la Mata y la magistrada presidenta del TEPJF, Janine M. Otálora se pronunciaron en contra de invalidar la elección en Puebla, mientras que los magistrados Felipe Fuentes Barrera, José Luis Vargas y Mónica Aralí Soto, se pronunciaron en sentido contrario. Al conocer la resolución del TEPJF, Miguel Barbosa, quien contendió por Morena, afirmó que la "sentencia ilegal de cuatro magistrados... convalida un fraude electoral". https://twitter.com/MBarbosaMX/status/1071642498513158144 En contraparte, Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que la resolución del TEPJF abonó a la credibilidad de las instituciones. https://twitter.com/MarkoCortes/status/1071643817223340032 El fallo ?Al filo de las 23:30 horas, la magistrada presidenta Janine Otalora Malassis anunció que votaría en contra del proyecto del magistrado Vargas Valdez y, de esta manera, establecer el desempate que se expresó durante toda la sesión y terminó la incertidumbre porque no se sabía cuál era su posición. Quienes estuvieron en contra de la anulación expuesta en la larga y pormenorizado proyecto de sentencia de 450 cuartillas argumentaron que la violación de la cadena de custodia en los paquetes electorales no se había acreditado por completo y que tampoco se acreditó al “violencia generalizada” en las casillas de Puebla. Casi al final de la sesión que fue pospuesta en dos ocasiones y que inició a las 18:30 horas de este 8 de diciembre, el magistrado ponente José Luis Vargas Valdez se quejó por las “tácticas dilatorias”, ya que dos magistrados no estuvieron presentes por estar ausentes en el país y denunció que el viernes 7 de diciembre en “sesión privada” de los magistrados, la presidenta del TEPJF “no se decantó” a favor o en contra de la anulación. “Me preocupa que estamos haciendo cálculos para ganar la votación en el pleno”, sentenció Vargas Valdez, con clara dedicatoria a la magistrada presidenta. El magistrado Vargas también denunció que hubo un “intenso cabildeo” de los involucrados en esta decisión y expresó su extrañeza porque ya existía “un proyecto de engrose” sobre la sentencia, aunque no se conocía el resultado de la posición de los magistrados por validar la elección. La posición de la presidenta Janine Otalora fue un balde de agua fría para quienes esperaban que el TEPJF anulara la elección para gobernadora en Puebla. La propia magistrada enumeró varias irregularidades que argumentó Morena en su impugnación original como fue el rebase de topes de gastos de campaña, el uso indebido de los medios de comunicación, la presunta adquisición ilegal de tiempo-aire en los medios, la violencia generalizada y la “supuesta intromisión del gobierno del estado”. Sin embargo, consideró que el argumento fundamental del proyecto de sentencia para anular la elección se centró en la violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales y la violencia en las casillas no rebasó el 1 por ciento de las casillas. Los magistrados que estuvieron en contra de la anulación argumentaron que el proyecto de sentencia tenía “una inconsistencia insalvable”: sostiene que el cómputo de la elección efectuado por la autoridad electoral estatal de Puebla llevaron a ordenar el recuento total y “se abstiene de analizar el desarrollo y el resultado del recuento total, descartando por adelantado su validez y utilidad para corroborar o descartar la hipótesis central del caso”, según argumentó el magistrado Reyes Rodríguez. Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata argumentó que votó por validar la elección por que no hubo “pruebas contundentes” que demuestren la violación a la cadena de custodia de los paquetes ni tampoco se demostró la “violencia generalizada” que haya afectado el resultado de la elección. También el magistrado Indalfer Infante alabó el “detallado trabajo” de la propuesta de sentencia de anulación, pero que no consideró determinantes las pruebas aportadas. A su vez, la magistrada Aralí Soto insistió en la necesidad de anular porque “el resultado está en entredicho por la violación de la cadena de custodia” de los paquetes electorales y calificó como “necesaria, justificada y positiva” la anulación de los comicios estatales. En su intento final por defender su proyecto de sentencia, el magistrado Vargas Valdez subrayó que “esta elección huele mal. Antes, durante y después” de los comicios. Subrayó que era necesaria la anulación como la “máxima sanción” de la autoridad electoral.