CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Familiares de desaparecidos calificaron como “un fraude” la habilitación de un panteón forense ministerial. Además, indicaron que dicha fosa representó un negocio para el gobernador Héctor Astudillo Flores y el dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, propietario del lugar donde se construyó el cementerio, en esta capital. “En lugar de destinar sin transparencia millonarios recursos para esa fosa común, debieron invertir en reactivos para tener perfiles genéticos de todos los cuerpos que están depositados sin identificar en las unidades del Servicio Médico Forense en Guerrero”, expresó la activista Margarita López Pérez. Incluso, López Pérez afirmó que, “de manera extraña”, en septiembre de 2016 Astudillo se opuso a las labores de exhumación de cadáveres en las fosas de Chichihualco, ubicadas en el municipio de Leonardo Bravo. “Para el gobernador Héctor Astudillo ha sido fácil tratar de ocultar algo que es muy evidente. Le prohibió a personal ministerial de la Procuraduría General de la República recuperar todos los cuerpos en la barranca del poblado de El Naranjo, donde había por lo menos 60 cadáveres esparcidos, y a mí me mandó decir que no quería que me volviera a meter a esa zona y que fuéramos a otro lugar”, indicó la integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas. Un año antes, en diciembre de 2015, Proceso publicó el reportaje El Naranjo, otro tiradero de cadáveres, donde se indica que el hallazgo de al menos 19 cuerpos en las inmediaciones de ese poblado serrano, así como los constantes tiroteos entre grupos criminales que se disputan las zonas de producción, trasiego y venta de narcóticos en Guerrero, exhibieron a la entidad como un cementerio clandestino más en el país. La activista originaria del estado de Michoacán y vocera de colectivos de familiares de desaparecidos en el país, fue entrevistada esta tarde en una clínica del sector salud en el centro de Chilpancingo, donde el gobierno federal organiza la primera semana de toma de muestras para la identificación de cadáveres en Guerrero y, de manera simultánea, en el estado de Nayarit, que comenzó ayer lunes 19 y termina este viernes 23. Al respecto, Margarita López informó que esta acción que realiza la División Científica de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) fue producto de la huelga que mantuvieron durante dos semanas en la Ciudad de México para exigir a las autoridades que todos los cuerpos que han recuperado los colectivos de familiares en fosas clandestinas sean identificados y no depositados en fosas comunes por ausencia de perfiles genéticos. “No queremos que nuestros familiares pasen de una fosa clandestina a una fosa común como los panteones forenses que actualmente se construyen en el país”, expresó. Sobre el panteón forense que fue construido por el gobierno de Astudillo, al interior de un cementerio privado, propiedad del actual dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, la vocera de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, fustigó: “Esa falta de transparencia es lo que hemos discutido con el gobierno federal porque le están entregando recursos a los gobernadores para construir panteones forenses, pero sólo están engrosando sus bolsillos con un fraude, porque ese dinero debería destinarse a la compra de reactivos para tener los perfiles genéticos de los cuerpos que están almacenados en las unidades del Semefo”, indicó López Pérez. Luego agregó que, en el caso de Guerrero, las autoridades estatales han argumentado que no tienen recursos para elaborar los perfiles genéticos, y esta es la causa de la acumulación de más de 500 cuerpos en el Semefo, donde permanecen almacenados de manera inadecuada y violando los protocolos de tratamiento de cadáveres. Es decir, el gobierno de Guerrero optó por construir una fosa común en un predio del dirigente estatal del PRI, en lugar de dotar a los peritos de la Fiscalía de equipo y material necesario para elaborar los perfiles genéticos y facilitar la identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares. La activista dijo que la criminal indolencia gubernamental provoca que las víctimas no confíen en las autoridades en Guerrero, y puso como ejemplo el caso de Chilpancingo, donde en dos días han asistido 38 personas que tienen un familiar desaparecido para realizarse la toma de muestra con la esperanza de encontrar a su familiar vivo o muerto.