HERMOSILLO, Son. (apro).- Luego de 90 días de permanecer prófugo de la justicia, Ernesto Fernando Fernández Portillo, exjefe de escoltas de Guillermo Padrés, fue detenido por la Fiscalía estatal tras ser deportado por autoridades migratorias estadunidenses en la garita Denis Deconcinni. Al jefe de seguridad se le imputan los delitos de tortura, abuso de autoridad e impedir la procuración de justicia en detrimento de Gisela Peraza Villa, la exama de llaves de Casa de Gobierno, quien fue encarcelada por cuatro años y seis días sin pruebas. De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) al detenido se le ejecutó la orden de aprehensión girada por el Juez Segundo Penal, en relación al oficio 060-166/2017, con expediente 38/2017, fechado el 22 de septiembre pasado. "Es por los delitos de abuso de autoridad acumulado en número de dos, contra la procuración de justicia en número de dos y tortura en concurso real de delitos", cita la comunicación oficial. Juan Antonio Ortega, abogado de Gisela, dijo en entrevista con Apro que el exmando policiaco podría enfrentar cárcel de 15 a 20 años, sin derecho a fianza. "Finalmente se hizo justicia", expresó el longevo litigante al hacer un recuento que desde septiembre pasado se habría librado la orden de aprehensión contra Fernández Portillo, pero la había combatido con un sinfín de recursos de amparo. Gisela Peraza Villa, exama de llaves de Guillermo Padrés, denunció penalmente al exgobernador por encarcelarla sin pruebas durante cuatro años y seis días. El 3 de noviembre de 2015, Gisela Peraza interpuso la denuncia ante la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los presuntos delitos de tortura, abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación delictuosa en contra de 20 exfuncionarios públicos estatales. La lista la encabeza el exgobernador Guillermo Padrés y su esposa Iveth Dagnino; Ernesto Fernández Portillo, exjefe de escoltas de Padrés hoy detenido; Ricardo Ornelas, exdirector estatal de centros penitenciarios, así como a Agustín Rodríguez, exsecretario particular del entonces mandatario estatal y actual diputado federal por la primera circunscripción panista. Asimismo, incluyó a otros 15 exfuncionarios, entre los que destacan jueces, secretarios de acuerdos y policías de la pasada administración estatal. Gisela fue acusada la noche de 13 de marzo de 2011 como la responsable de hurtar 450 mil pesos en efectivo y 150 mil en joyas de la Casa de Gobierno. Según versión de la inculpada, al momento de ser torturada le exigían siete millones de pesos para liberarla. Al no acceder a la petición se le procesó ilegalmente y condenó a cuatro años y seis días de cárcel por un delito que presuntamente no cometió. “Digo a los que me están escuchando y que están sufriendo lo mismo que yo, a que luchen por la justicia”, revivió la víctima en las instalaciones de la Fiscalía estatal. Gisela solicitó cárcel para los responsables y una indemnización de 20 millones de pesos. “Nada pagará los daños que sufrimos yo y mi familia por esta injusticia”, manifestó la denunciante frente a los representantes de los medios de comunicación. Antecedentes La mañana del 8 de junio de 2015 el Juzgado Octavo de Distrito concedió la formal libertad a Gisela Peraza Villa. “En estos momentos no puedo hablar, sigo en shock, o sea, todavía no me la creo”, sollozó aquel día tras ser liberada del Centro de Readaptación Social 1, con sede en esta capital. Tras su detención el 13 de marzo del 2011, la trabajadora doméstica fue torturada por elementos de la Policía Estatal Investigadora (PEI) para que confesara culpabilidad, según dijo, y aún tiene lesiones de esos golpes. El 2 de junio de 2015 cumplía su sentencia, pero un día antes, personal del centro de reclusión femenil, presuntamente encontró cinco “globitos” de crystal debajo de su cama. Por esta razón, las autoridades del penal la enviaron a la celda de castigo y su situación legal se agravó. Gisela trabajó por nueve años con la familia Padrés y hace siete fue acusada de robo en presunta complicidad con un agente policiaco, sobrino del actual secretario de Seguridad Pública estatal, Ernesto Munro Palacio. La exama de llaves gubernamental estuvo recluida en el Cereso I, de Hermosillo. Posteriormente fue trasladada a Huatabampo, luego a San Luis Río Colorado y de nuevo fue regresada a Cereso femenil de esta capital de donde debió salir libre el pasado martes 2. Desacatan recomendación de la CNDH El 11 de noviembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 54/2013 dirigida al gobierno del Estado de Sonora, que señala: “La mujer que laboraba como ama de llaves en la Casa de Gobierno de Sonora sufrió tortura, detención y retención arbitraria, por parte de elementos de ese gobierno y de la Policía Estatal Investigadora”. Expone: “Gisela Peraza fue acusada de haber robado una maleta con dinero, razón por la cual elementos de la Policía Estatal Investigadora la esposaron y trasladaron a sus instalaciones, donde fue interrogada, golpeada, insultada y se le colocó una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla”. Asimismo, consigna que Gisela fue liberada el 18 de marzo de 2011 y 18 días después, el 5 de abril, fue detenida y torturada nuevamente: “La llevaron a sus instalaciones donde la golpearon, le vendaron la cara, la enrollaron en una cobija, le amarraron las manos, la patearon y echaron agua en la cara para ahogarla, mientras la interrogaban sobre el dinero robado; cabe resaltar por el mismo hecho un agente de la Policía Estatal Investigadora también fue detenido y torturado”. Y, por último, ordena: “El Gobierno de Sonora debe proceder a la reparación del daño ocasionado a las víctimas y se les brinde la atención médica y psicológica necesaria, con el fin de que se restablezcan su salud física y emocional”.