MÉRIDA, Yuc. (apro).- La Fiscalía General del Estado (FGE) pidió la pena máxima para los tabasqueños Omar Miguel López Tobilla y Jonathan Mézquita Avalos por su probable autoría material en el asesinato de Ema Gabriela Molina Canto, perpetrado el 27 de marzo del año pasado. Los dos presuntos homicidas, cuyo juicio comenzó ayer, son acusados de homicidio calificado, narcomenudeo y portación de armas e instrumentos prohibidos, ilícitos por los que podrían recibir una pena de hasta 40 años de prisión. Molina Canto estuvo casada con Alberto Martín Medina Sonda, socio a su vez de José Manuel Saiz Pineda, quien fue tesorero del gobierno de Tabasco en el sexenio del priista Andrés Granier Melo, actualmente preso. Ema Gabriela fue asesinada de 17 puñaladas a las puertas de su casa, en el fraccionamiento San Luis de esta ciudad, por el par de sicarios tabasqueños que recibirían un pago de 60 mil pesos al consumar el “trabajo” para el que fueron “reclutados”, presuntamente por encargo de Medina Sonda. En medio de una disputa legal que comenzó en 2010 por la custodia de los tres hijos que procrearon, Medina Sonda raptó a los menores y, valiéndose de sus influencias políticas, desató un acoso judicial contra Ema Gabriela y su madre, Ligia Canto, quienes fueron encarceladas por diferentes circunstancias. Molina Canto fue detenida en dos ocasiones por presuntos delitos fiscales y trasladada judicialmente a diferentes entidades del país, aparentemente para impedir que pudiera quedarse con la custodia de los niños. El 25 de mayo de 2012 fue la primera vez que Ema Gabriela fue detenida por el delito de retención ilegal de bienes, debido a que usó un vehículo que Medina Sonda le obsequió cuando estaban casados, pero no lo puso a su nombre. El momento de la captura fue aprovechado por aquél para raptar a los niños, quienes viajaban con su madre. Así, Molina Canto inició su tortuosa lucha contra el sistema para recuperar a sus hijos. El tiempo que Ema estuvo presa, su madre continuó el peregrinar legal. Ambas encararon incluso al presidente Enrique Peña Nieto en demanda de justicia. Presa su hija en un penal de Tabasco, Ligia denunció ante la Procuraduría del Menor, tanto en Mérida como en aquella entidad, la desaparición de sus nietos, pero fue hasta el 21 de agosto de 2014 cuando la Fiscalía General de Yucatán accedió a emitir una “prealerta” para la búsqueda y presentación de los niños –entonces de 10, siete y seis años de edad– en todo el país. Días antes, la abuela fue detenida y trasladada por la Procuraduría General de la República a Guadalajara, Jalisco, acusada de falsificar tarjetas de crédito en esa entidad, lo que provocó movilizaciones de activistas de derechos humanos por la “fabricación” de delitos en contra de la mujer. Medina Sonda cayó en desgracia por el caso Granier. Fue detenido en Cancún, Quintana Roo, y recluido en una cárcel de Tabasco, donde en abril pasado fue condenado a 12 años y seis meses de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El pasado 24 de abril, el juez de Control en Yucatán, Luis Edwin Mugarte Guerrero, vinculó a proceso a Medina Sonda por el delito de feminicidio agravado, tras ubicársele como el presunto autor intelectual del asesinato de su exesposa. El juzgador yucateco le dictó la medida cautelar de prisión, que cumple en la cárcel tabasqueña donde está confinado. Los cinco implicados fueron detenidos en diferentes momentos y estados. Ellos son, además de los dos sicarios y Medina Sonda, el mexiquense Rogelio César Reyes Barrueta, alias “El Güero”, y Manuel Escalante Barrada o Manuel Escalona Barrada o Juan Ramón Moreno Hernández o Ricardo González Monroy o Freddy García Ramírez, las presuntas identidades que ostentaba “El Cachorro”. “El Cachorro”, quien fue detenido en Cárdenas, Tabasco, es el presunto eslabón entre los sicarios y Medina Sonda. El juicio por feminicidio agravado en contra de Medina Sonda está en suspenso hasta que se resuelva la revisión del amparo que tramitó su defensa, y que en primera instancia le fue negado por la justicia federal. En la misma situación se encuentra el proceso contra “El Cachorro”. El caso de “El Güero” es diferente, pues fungirá como testigo protegido en este juicio. Por su cooperación en el caso y su precaria salud, ya que es diabético, recibió el criterio de oportunidad de la Fiscalía con la anuencia de la víctima indirecta, y actualmente se encuentra en libertad. A los dos sicarios tabasqueños, quienes se dieron a conocer en las redes sociales mediante un video donde aparecen en la alberca del hotel en que se hospedaron en Mérida, horas antes de perpetrar el homicidio, se les negó el amparo contra el auto de vinculación a proceso y las medidas cautelares de prisión preventiva durante todo el tiempo que dure el juicio. Semanas atrás, los dos jóvenes habían aceptado acogerse al procedimiento abreviado y aceptar su participación en el crimen para reducir su condena a 18 meses de cárcel, pero la parte afectada dio marcha atrás en el acuerdo al considerar que la pena era corta. En un segundo intento, los imputados fueron quienes rechazaron llegar a algún trato. Su juicio, marcado con el número 2/2018, comenzó ayer en el Tribunal Segundo de Enjuiciamiento. Se prevé que continúe el desahogo de pruebas hasta el 16 de marzo en la Sala 7 del Centro de Justicia Oral de Mérida. Se estima que el veredicto pueda darse el 18 de marzo. En esta etapa intermedia del proceso las partes desahogarán 56 testimoniales, 36 evidencias documentales, 34 materiales, periciales, videos, fotografías, así como la presentación del arma homicida y la playera de uno de los acusados. La Fiscalía Estatal ofreció 62 pruebas entre testimoniales, documentales y periciales; los asesores de las víctimas indirectas ofrecieron un total de 63 pruebas y, por último, la defensa pretenderá probar su teoría del caso con un total de 65 pruebas. En la audiencia de apertura, Ligia Canto fue la primera testigo. Ella insistió en la autoría intelectual de Medida Sonda, con quien, reiteró, su hija padeció una relación de violencia y maltrato. Por su parte, la defensa de los acusados insistió en la inocencia de éstos y argumentó que fueron confundidos con los verdaderos asesinos, y pidió a la Fiscalía demostrar cómo fue la participación de sus clientes, además de que, sostuvo, el arma homicida no tiene sus huellas. La audiencia se reanudó este día y durante la jornada se esperaban cuatro testimoniales, entre ellas, la de “El Güero”, en privado, porque como se destacó es testigo protegido.