CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Trabajadores del gobierno estatal denunciaron que desde 2009 funcionarios de la Secretaría de Educación y Finanzas retuvieron impuestos y descuentos salariales para subsidiar plazas sin techo presupuestal que se otorgaron desde la administración de René Juárez Cisneros, exgobernador y actual coordinador de campaña del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña. Los inconformes advirtieron que la irregularidad está provocando que trabajadores que solicitaron préstamos a la empresa Sí Pre$to, corran el riesgo de ser boletinados en el Buró de Crédito porque los descuentos vía nómina que realizaron funcionarios estatales no fueron entregados a los prestamistas. A través de un desplegado que se publicó en la edición de este lunes en el periódico Reforma, se indica que desde 2016, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), investiga el caso que involucra al actual gobernador Héctor Astudillo Flores, así como a sus antecesores Rogelio Ortega Martínez; Ángel Aguirre Rivero, Zeferino Torreblanca Galindo y René Juárez Cisneros. Incluso, señalaron que en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-GRO/1274/2016 se investiga directamente al actual secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero y el titular de la Secretaría de Finanzas, Héctor Apreza Patrón. De la Vega Otero es un personaje de negro historial que desempeñó el mismo cargo durante la administración del exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011), y durante ese periodo fue exhibido por haber repartido una bolsa de 100 millones de pesos sin licitar a una decena de constructoras para realizar trabajos de mantenimiento en centros educativos. Además, estuvo involucrado en el caso de la venta de libros de texto gratuito a un reciclador de papel y actualmente se dio a conocer que entre 2016 y 2017, el gobierno estatal ha erogado poco más de 36 millones de pesos en el arrendamiento de 154 inmuebles, la mayoría de ellos para albergar oficinas externas de la Secretaría de Educación (SEG). Por ello, los trabajadores inconformes del gobierno estatal exigieron al gobernador Astudillo que intervenga para resolver el conflicto y evitar que los empleados dejen de ser sujetos de créditos ante instituciones bancarias y empresas prestamistas.