Detectan irregularidades en manejo de 222 mdp del Fondo de Aportaciones para la Seguridad en Guerrero

miércoles, 14 de marzo de 2018
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo de 222 millones 940 mil pesos transferidos al gobierno estatal, en 2016, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Incluso descubrió que con ese dinero se privilegió el gasto en “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento Policial”, pero no se destinó un solo peso al Programa para la Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. De acuerdo con el informe de la ASF, esos recursos federales fueron administrados directamente por el secretario de Finanzas Héctor Apreza Patrón, aspirante a diputado plurinominal local por el PRI, y la titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Nybia Solís Peralta. La funcionaria estatal es operadora del exgobernador René Juárez Cisneros, recientemente nombrado coordinador general de la campaña del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, en la cuarta circunscripción que abarca los estados de Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. El organismo fiscalizador revisó una muestra de 187 millones 645 mil pesos, cantidad que representó el 85.3% del total, y detectó “un probable daño” a la Hacienda Pública Federal por un monto de 20 millones 158 mil pesos, según el informe de la ASF emitido en noviembre de 2017, pero dado a conocer públicamente a finales de febrero de este año. De esa cantidad, al menos 990 mil pesos corresponden a una obra no ejecutada y 19 millones 258 mil pesos a un subejercicio de los recursos federales transferidos en 2016. “Al 31 de diciembre de 2016, el gobierno de Guerrero no había ejercido 89 millones 552 mil pesos, cifra que representa el 40.2% de los recursos transferidos, incluyendo depósitos a otras cuentas, y al cierre de la auditoría, el 30 de junio de 2017, aún no se ejercía el 8.6% (19 millones 258 mil pesos)”, indica el documento. Añade: “Esta irregularidad del gobierno de Astudillo generó un impacto negativo en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública y provocó un retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional (PPN)”. La ASF constató que el gobierno estatal transfirió al Fideicomiso para la implementación del sistema de justicia penal la cantidad de 928 mil 700 pesos para la construcción de un Centro de Atención Temprana en el municipio de Arcelia, en la región de Tierra Caliente, pero la obra fue cancelada y los recursos no han sido reintegrados a la cuenta del fondo. En ese sentido, determinó que también existe “un probable daño” a la Hacienda Pública Federal por un monto de 990 mil pesos, considerando 61 mil pesos que generaron los intereses de los recursos depositados en una cuenta bancaria y que se encuentran desaparecidos. De igual manera, observó que los funcionarios del Consejo Estatal de Seguridad Pública realizaron depósitos “a una cuenta no específica” por 2 millones 436 mil pesos, y realizaron pagos “que no corresponden” al objetivo del fondo por 2 millones 667 mil pesos. Al respecto, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental estatal, que encabeza Mario Ramos del Carmen, inició un procedimiento administrativo para deslindar responsabilidades en el expediente RS/IA/258/2017. La ASF también comprobó que el equipo de cómputo y de radio comunicación adquirido por el Consejo Estatal de Seguridad Pública con recursos del FASP en 2016 se encontraban “almacenados en una bodega, sin resguardo oficial y en desuso”. De acuerdo con el informe, los PPN a los que el gobierno de Astudillo destinó mayores recursos del FASP --durante el periodo que va de 2016 al 30 de junio de 2017-- fueron: Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial, con 40.4% (90 millones 202 mil pesos), y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas complementarios, con un 17.9% (39 millones 827 mil pesos). En contraparte, los PPN que menos recursos recibieron fueron: Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública, con 0.7%, y Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas, con 1.3% de los recursos. El Programa para la Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas no recibió un solo peso de los recursos del FASP en 2016, advierte el informe de la ASF. Para el Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial se destinaron solo 27 millones 212 mil pesos, y la certificación del personal del sistema de Seguridad Pública estatal “presenta un avance insuficiente”. Falta de policías En 2016 el gobierno estatal reportó la existencia de una fuerza policial de 6 mil 881 elementos, de los cuales 3 mil 304 uniformados están en la SSP, mil 406 en la FGE, mil 518 en la Policía Auxiliar y 653 en el sistema carcelario. Es decir que en Guerrero existe un promedio de 1.9 policías por cada mil habitantes, cifra que se encuentra por debajo del parámetro de 2.9 policías por cada mil habitantes recomendado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El informe de la ASF concluye que los objetivos y metas del FASP se cumplieron “parcialmente”, porque algunos indicadores registran insuficiencias, dado que presentan un subejercicio del 8.6% al 30 de junio del 2017, así como un incremento de los principales delitos: homicidios dolosos, extorsión y robo de vehículos. En junio de 2016, Proceso publicó el reportaje titulado: “En Guerrero se esfuman fondos contra la violencia”, basado en un informe de la ASF de noviembre de 2015, donde se advirtió sobre “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante 2014 --último año de gestión del exmandatario Ángel Aguirre Rivero-- y 2015, cuando gobernaron el interino Rogelio Ortega y, a partir de octubre del mismo año, Héctor Astudillo. La revisión detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas y la compra irregular de armamento que involucra al Ejército, así como la adquisición de un sistema de espionaje telefónico para la FGE, donde las autoridades estatales no presentaron documentos para comprobar esos gastos, incurrieron en diversas irregularidades en materia de adquisiciones y violaron indicaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal. La ASF concluyó que el mal manejo de los recursos federales provocó “el incumplimiento de las metas” del combate a la delincuencia en Guerrero, y emitió 20 observaciones que generaron tres recomendaciones, una solicitud de aclaración y 17 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, pero a la fecha el caso sigue impune.