Ejidatarios temen despojo por la construcción de presa La Maroma en SLP

jueves, 22 de marzo de 2018
SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- La necedad de cumplir una promesa que el presidente Enrique Peña Nieto hizo en campaña, amenaza una vez más a habitantes de comunidades y ejidos en el Altiplano potosino, quienes corren el riesgo de quedarse sin agua por la construcción de un acueducto que conectaría a La Maroma, una presa que no existe. En mayo de 2012, Peña ofreció que dicha presa se construiría en la Sierra de Catorce, a 34 kilómetros de Matehuala, supuestamente para garantizar el abasto de agua a esa ciudad por los siguientes 20 años. Sin embargo, habitantes de los poblados de esa región, en el municipio de Villa de Guadalupe, así como ejidatarios y avecindados del ejido La Presa, ven con total desconfianza la construcción del acueducto que se levanta muy cerca de los brotes naturales como el manantial La Alberca, que les provee el agua que utilizan, y les preocupa que, como ha ocurrido con otros proyectos, se priorice el abastecimiento a las ciudades, sin respetar su derecho al agua, como quedó establecido desde 1995 en el Diario Oficial de la Federación. El temor al despojo cunde entre los habitantes de las comunidades La Presa, La Presita, Depósitos, Chilares, Biznaga y otras de la zona, por la construcción de la presa que a lo largo del sexenio se ha aplazado, cancelado, retomado y vuelto a aplazar. En los últimos meses la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el organismo estatal aceleraron las obras del acueducto, y de manera enfática han anunciado la construcción de la presa que, aseguran, estará lista antes de que Peña Nieto deje la presidencia. En respuesta, un grupo de personas del ejido recurrió a investigadores y abogados del Programa de Agua y Sociedad del Colegio de San Luis, la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis y el Centro Samuel Ruiz de Derechos Humanos y, luego de realizarse una investigación de campo, determinaron que emprenderán varias acciones en el ámbito social y legal para garantizar que no se toque la dotación de agua que tienen establecida. A principios de marzo interpusieron dos amparos, uno agrario firmado por los ejidatarios de La Presa y otro de tipo administrativo ambiental, avalados por las personas avecindadas del mismo ejido, informó a Apro Daniel Jacobo Marín, abogado y profesor de Derecho de Aguas del Colegio de San Luis (Colsan). En conferencia de prensa, a la que asistieron los abogados, investigadores y ejidatarios, Guillermo Luévano Bustamante, doctor en Ciencias Sociales, explicó que se realiza el acompañamiento en este caso “por las notables irregularidades administrativas del proyecto y las eventuales afectaciones a derechos agrarios y ambientales” de los habitantes de estas comunidades. Los amparos ante juzgados federales son una estrategia jurídica para combatir los permisos con los que pretende operar este proyecto, apuntó. “(Sabemos que) suelen estar orientados a favorecer a intereses privados, afectando derechos de las comunidades”, añadió Luévano Bustamante. Se ha constatado que, si bien se habilitó el acueducto, éste afectó superficies de uso común del ejido y no hay presa, además de que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) no está plenamente aprobada. “Esperamos que los jueces tengan la sensibilidad de reconocer los derechos agrarios de los ejidatarios, la dotación de tierras desde 1922 y la dotación de aguas desde 1955”, señaló el especialista. La MIA correspondiente al proyecto establece que, además del abasto de agua a Matehuala, “se modernizarán las unidades de riego en los ejidos La Presa y La Biznaga en Villa de Guadalupe, que tienen una dotación presidencial de 12 mm3”. De igual manera, destaca que las obras previstas incluirían la rehabilitación de caminos de acceso y la apertura y explotación de dos bancos de roca y cuatro de tiro de materiales, así como la rehabilitación de dos presas derivadoras y la construcción de una línea de conducción de agua para área de riego, pero también el estudio de aprovechamientos superficiales y coadyuvar con el abasto para algunas localidades ubicadas en el área de influencia del proyecto, mediante la perforación de cinco pozos que se conectarán al acueducto actual. El documento oficial asienta que la producción agrícola de la zona es sólo para el autoconsumo y se cuenta con un “inventario ganadero insignificante”, por lo que la inexistencia de ingresos obligará a los pobladores a que con el tiempo emigren hacia la ciudad y abandonen las parcelas. Incluso, en los objetivos específicos se incluye “evitar las posibles presiones sociales generadas por la ausencia o irregularidad en la prestación del suministro de agua”. Compromiso cancelado En diciembre de 2016, el alcalde de Matehuala, Everardo Nava, anunció que todo estaba listo para el arranque de la construcción de la presa La Maroma, en la que se invertirían 376 millones de pesos. Sin embargo, en septiembre del año siguiente un reporte publicado en el periódico Reforma sobre los compromisos de campaña de Peña Nieto, que derivaron en compromisos presidenciales, destacó que se había dado por cancelada la construcción de la presa, además de otros cuatro proyectos que tampoco se alcanzarían a concretar. El tema resurgió en enero de este año, cuando funcionarios de la Conagua y de la Comisión estatal en San Luis señalaron públicamente que sí se construirá la presa y que estará terminada en noviembre. Precisaron que la obra arrancaría en marzo, para elevar una cortina de 51 metros de altura y casi 32 kilómetros de tubería de 14 pulgadas para abastecer de agua a Matehuala. Sin la certeza de que la Conagua cuente con los permisos de cambio de uso de suelo forestal, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el uso de explosivos, y ante el rechazo de la mayoría de ejidatarios y personas avecindadas, éstos expusieron públicamente la necesidad de emprender las medidas de defensa del agua y el territorio. Antonio Ramírez (ejidatario), Héctor González Cruz (avecindado), Sanjuana Moreno (ejidataria de La Presa), Augusto García (secretario del Comisariado ejidal) y muchas otras personas, quienes recibieron el respaldo del Programa de Agua y Sociedad del Colsan, la Clínica de Litigio estratégico de la UASLP y el Centro Samuel Ruiz, subrayaron: “Nos quieren violentar nuestro derecho de dotación de agua. Por los años veinte luchamos por esa dotación y se quieren llevar el cien por ciento del agua a sabiendas de que tenemos una dotación oficial. Simplemente estamos peleando el derecho que tenemos. No estamos en contra del ducto, de que se lleven agua, pero que nos dejen la que nos corresponde”. Remataron: “No estamos peleando contra nadie, sino defendiendo nuestros derechos como ejidatarios; que nos respeten, porque han entrado sin ningún permiso ni nada. El permiso que dicen que tienen lo firmaron unos pocos. Llegaron a hacer una reunión, pero ya la red la traían avanzada. La duda es dónde se va a conectar este acueducto, parece que pretenden conectarse de los manantiales. De la presa no hay nada y desde años atrás han tratado de llevarse el agua”.