TOLUCA, Edomex. (apro).- A pesar de que las campañas electorales locales inician el 24 de mayo, la difusión de programas sociales estatales y su entrega masiva debe detenerse el viernes 30 de marzo, con el inicio de las campañas presidenciales, como lo determina el artículo 134 de la Constitución federal, reconoció Pedro Zamudio, presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). De lo contrario, aunque la conducta ocurra en el marco de la elección local, puede ser sujeta de denuncia federal y, en su caso, estará en riesgo de sanción, alertó Jorge Arturo Roa, subdirector de Quejas y Denuncias de la Secretaría Ejecutiva del IEEM. Sin embargo, el servidor electoral dejó en claro que este tipo de denuncias se estudia conforme a los casos específicos, de tal manera que la resolución de las autoridades electorales no necesariamente se traduce en la detección de una irregularidad y una sanción, sobre todo ante la inexistencia de una ley reglamentaria del artículo 134. De acuerdo con el Código Electoral estatal, los programas sociales deberán suspenderse con 30 días de antelación a la jornada, siempre y cuando no ponga en riesgo a la población vulnerable que la recibe. Por ejemplo, expuso Roa Ávila, en el caso de los comedores comunitarios. Al ser cuestionado sobre la operación del “salario rosa” y su posible suspensión, el servidor electoral destacó que lo delicado en este tema y en el de todos los programas sociales es la difusión, no la operación en sí. Por tanto, en apego a las disposiciones establecidas en la ley, serán el gobierno priista de Alfredo del Mazo y la Legislatura local quienes determinen la operación o suspensión de tal o cual programa social en los 30 días anteriores a la jornada. En cuanto a la promoción gubernamental vía internet, un medio que escapa a la regulación, advirtió que, si se comprueba la intención y el beneficio de algún actor político en específico, sí procede la investigación y sanción. El subdirector de Quejas y Denuncias del IEEM destacó, no obstante, la existencia de una tesis jurisprudencial que avala la promoción de los logros de gobierno por parte de algún partido político, como ocurre con algunos anuncios espectaculares del “salario rosa” con el logotipo del PRI.