CHILPANCINGO. Gro., (apro).- El gobernador Héctor Astudillo Flores pide respeto a miembros de colectivos de familiares de personas desaparecidas que exigieron resultados en los trabajos de investigación, búsqueda y elaboración de perfiles genéticos. Durante un encuentro privado que se realizó hace dos días en la residencia oficial Casa Guerrero, el mandatario demandó a las víctimas respeto y que se tranquilicen. “No vamos a resolver (el conflicto de los desaparecidos), enojándonos, agarrando a palazos al gobernador, el gobernador es el que más tiene que resistir, el que más tiene que poner de su parte y trato de hacerlo”, les dijo. A través de un video que obtuvo Apro, se observa parte del dialogo entre Astudillo, una parte de su gabinete y familiares de personas desaparecidas que reclamaron la indolencia de los funcionarios estatales, entre ellos, de Luis Camacho Mancilla, actual titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceav). [playlist type="video" ids="525553"] “Nos ha cerrado la puerta, no hemos tenido defensa, tres años peleando contra ellos”, expresó una víctima frente al gobernador y señalando directamente a Camacho Mancilla. Enseguida, Astudillo se dirigió hacia su colaborador y le ordeno: “Tú aguantas, los escuchas, no te desesperes, tómalo con calma, observa al gobernador y haces lo que digo, pero si puedes hacerlo mejor”. Después, el mandatario se dirigió a las víctimas y les dijo: “Nada más les pido un favor, se los voy a pedir con respeto, no se trata de poner al secretario para darle al secretario. (…) Por favor, yo les pido con respeto, confío en ustedes y tranquilos”, les dijo. En respuesta, la dirigente del colectivo de familiares de desaparecidos y asesinados del estado y el país, María Guadalupe Rodríguez Narciso, expresó: “ya le dije a usted gobernador (Héctor Astudillo) y a su secretario de Gobierno Florencio Salazar Adame que si no pueden con el paquete pidan ayuda a las autoridades federales porque no podemos seguir en el miedo y terror buscando a nuestros hijos”. Rodríguez Narciso, madre de Josué Molina Rodríguez -joven desaparecido desde junio de 2014 en Chilpancingo-, agregó: “Nuestra indignación es porque usted (Astudillo), ha cerrado las puertas porque si las autoridades no tienen presupuesto, no nos van a dar resultados y ese es el coraje que tenemos contra ustedes”, expresó la mujer. El encuentro privado concluyó con la promesa de que la próxima semana, las víctimas serán recibidas por secretarios de despacho para enfocarse en los procesos de reparación del daño. A finales de febrero, al menos 324 familiares de 207 personas desaparecidas acudieron a clínicas del sector salud de la entidad donde se organizó la “primera semana” de toma de muestras para la identificación de cadáveres que permanecen sin identificar depositados en el Servicio Médico Forense (Semefo). De acuerdo con representantes de colectivos de familiares de desaparecidos, personal de la División Científica de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) procesó muestras de 196 mujeres; 92 hombres; 22 niños y 14 niñas en las ciudades de Iguala, Chilpancingo y Acapulco. El desglose oficial es de 187 familiares de 105 desaparecidos en Chilpancingo; 93 familiares que buscan a 73 víctimas en Acapulco, y en Iguala se tomaron 44 muestras a familiares de 29 personas desaparecidas. Durante la semana pasada, familiares de personas desaparecidas calificaron como “un fraude” la construcción de panteones forenses como el que fue habilitado en la capital de Guerrero en un contexto de opacidad. Las víctimas señalaron que esta fosa común representó un negocio para el gobernador priista Héctor Astudillo Flores y el dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, propietario del lugar donde se construyó el cementerio, al poniente de Chilpancingo. Ello, debido a que consideran que los millonarios recursos destinados a los panteones forenses se deben invertir en la adquisición de reactivos para la elaboración de perfiles genéticos de los cuerpos que permanecen almacenados en las unidades del Semefo en Guerrero y el resto del país. Las autoridades estatales han argumentado públicamente que no tienen recursos para elaborar los perfiles genéticos, y esta es la causa de la acumulación de más de 500 cuerpos en el Semefo, donde permanecen almacenados de manera inadecuada y violando los protocolos de tratamiento de cadáveres.