MONTERREY, N. L. (apro).- Con la oposición gubernamental, el Congreso local eligió hoy a los fiscales General, Anticorrupción y Electoral, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Javier Garza y Garza, y Gilberto Pablo de Hoyos Koloffón, respectivamente. Con estos nombramientos que tendrán vigencia de seis años, la entidad estrena el recién creado Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Un comité ciudadano de especialistas presentó las ternas de las que fue elegido el fiscal general, Guerrero Gutiérrez, quien sustituye al procurador general de Justicia de la entidad, Bernardo González Garza, quien también se postuló para ocupar el puesto, pero fue desechado. Sobre el ahora fiscal general se menciona que tiene nexos con los exgobernadores priistas Natividad González y Rodrigo Medina, ya que fue desde 1999 -durante los sexenios de los antes mencionados- magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, órgano del que ha sido presidente en tres períodos. Javier Garza y Garza fue presidente del Tribunal Electoral de Nuevo León y luego consejero de la Comisión Estatal Electoral (CEE), fue designado por los diputados encargado de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que se encargará, entre otros, de perseguir los delitos por los que se encuentra imputado el exmandatario Rodrigo Medina. Este nuevo fiscal es hermano de Alejandro Garza, quien en el sexenio de Medina fue procurador de Justicia. Su otro hermano era Marcelo Garza -ya fallecido-, quien fue director de la Agencia Estatal de Investigaciones en la administración de González Parás. Para la persecución de Delitos Electorales fue designado De Hoyos Koloffón, exconsejero de la CEE y quien fue acusado de colaborar en la campaña para gobernador de Rodrigo Medina. Antes de que fueran designados los nuevos fiscales, el subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales Santos, reprobó los nombramientos, pues dijo que el proceso para encontrar a su sustituto tiene como propósito permitir a los legisladores elegir a una persona que les cubra los delitos a personas ligadas al PRI y al PAN. “Todo esto que realizó el Congreso para establecer un nuevo sistema anticorrupción no tenía más fin que darle el control de la lucha contra la corrupción a los mismos partidos que causaban la corrupción. Es por eso que el gobierno del estado tomó la posición de no ser parte, de no ser juego de esta maniobra del Congreso de buscar la exoneración, la no persecución de los delitos de corrupción a través de fiscales a modo de diferentes dependencias de la Procuraduría”, dijo. Canales Santos consideró la selección de los nuevos fiscales como una “vil maniobra” para apoderarse del manejo de la procuración de la Justicia con criterios partidistas.