OAXACA, Oax. (apro).- El fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, cuestionó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de otorgar la libertad al médico Luis Alberto Pérez Méndez, presunto responsable del delito de homicidio culposo por negligencia médica del menor Edward Luna Trujillo, de tres años de edad. “La ley se tiene que aplicar firmemente, sin complacencias, sin distingos ni privilegios, no puede haber grupos ni personas exentas de la justicia”, subrayó. A través de un video, el funcionario estatal insistió que los delitos deben investigarse sin sujeciones políticas o sociales externas, porque en el caso de Edward Luna Trujillo, agregó, se presentaron datos de prueba suficientes que hicieron que dos jueces distintos declararan la probable responsabilidad del imputado en la comisión del delito. “Los datos de prueba son de diversa índole: testimonios, videos, documentos y dictámenes de peritos y especialistas de distintas materias, como del Instituto de Servicios Periciales, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y la Procuraduría General de la República”, puntualizó. Luego de que el médico salió del penal de Ixcotel, a las 20:20 de ayer, tras reclasificarse el delito de homicidio doloso por culposo, el fiscal dio su posicionamiento sobre el caso, que ha polarizado a la ciudadanía y ha generado una serie de protestas, marchas y un paro de 24 horas en las instituciones de salud. A su vez, el imputado calificó de “indignante” que el estado de Oaxaca marcara la pauta a nivel nacional para criminalizar al gremio médico, al considerar como un acto doloso el hecho en el que se vio involucrado, “cuando lo que hacemos es salvar vidas”. En conferencia de prensa, Luis Alberto Pérez Méndez subrayó: “En este momento fui yo el que sufre esta situación, sin embargo, cualquier médico puede pasar lo mismo que yo pasé; nuestra profesión no actuó con dolo, es indignante que nuestro estado marque esta pauta a nivel nacional”. Tras agradecer el apoyo de sus familiares, de la Federación Mexicana de Colegios de Traumatología y del gremio médico, se refirió a la muerte del menor: “Entendemos el dolor de la familia. En mi caso espero que la familia encuentre un consuelo y resignación. Creemos que en este caso la justicia debe sobresalir y hacer mención de que no estamos pidiendo impunidad, al contrario, que se haga (justicia) conforme a derecho”. Después de que el galeno obtuvo la libertad, trabajadores del Hospital Civil “Aurelio Valdivieso” del ISSSTE y Especialidades realizaron un paro de labores y colocaron lonas con la leyenda “apoyo incondicional al doctor traumatólogo pediatra Luis Alberto Pérez Méndez”. En tanto, en Pinotepa Nacional empleados del sector salud realizaron una marcha en apoyo al imputado y a la doctora Gabriela Cruz López, con las consignas: “No a la criminalización del acto médico”, “Los médicos no actuamos con dolo”, “Si tocan a uno, nos tocan a todos. Todos somos Luis Alberto”. El 26 de noviembre de 2017, Edward Luna Trujillo ingresó a un hospital privado a consecuencia de una caída, razón por la que fue intervenido quirúrgicamente, sin embargo, perdió la vida por presunta negligencia médica. El pasado lunes 2, la Fiscalía General del estado ejecutó la orden de aprehensión librada por el juez de Control de Valles Centrales, dentro de la causa penal 88/2018, en contra del doctor Luis Alberto Pérez Méndez, como uno de los probables responsables de la comisión del delito de homicidio con la agravante de responsabilidad médica en agravio del menor de tres años. Al siguiente día el fiscal abundó que otro juez vinculó al imputado por tratarse de un homicidio con dolo. “Y hoy (jueves 12), en la resolución del recurso de apelación contra el acto judicial de vinculación a proceso, los magistrados de la sexta sala penal del Tribunal Superior de Justicia decidieron reponer el procedimiento y por tanto han otorgado libertad al médico procesado”. Luego de aclarar que es respetuoso de la decisión de los magistrados y de la importante labor que realizan los médicos del país, consideró que tienen elementos suficientes para asegurar que fue un homicidio doloso. Y detalló: “El niño llegó al hospital con una fractura de codo izquierdo y horas después salió muerto; la operación quirúrgica que se le practicó no era urgente; la operación se llevó a cabo en menos de cinco horas después de la ingesta de alimentos, lo cual se corrobora con la necropsia y los estudios de patología, y no se tuvieron los cuidados necesarios para la aplicación de la anestesia”. Además, agregó, “la causa de la muerte no fue una reacción alérgica o anafiláctica a algún medicamento, fue una asfixia por bronco aspiración; no se documentó en el expediente el suministro de ciertos medicamentos como la lidocaína, es decir, se administró, pero los médicos omitieron documentarlo en el expediente; tenemos videos que hacen suponer que se produjo la manipulación del expediente clínico para modificar lo sucedido. Es más, los médicos llamaron a personas externas para que colaboraran en dicho acto. “Finalmente, la operación terminó alrededor de las 12 de la noche y hasta las 7 de la mañana el niño fue trasladado a otro hospital con unidad de cuidados intensivos, o sea, más de siete horas después de concluida la operación. Durante ese lapso de tiempo no se le dio atención adecuada al niño y en el hospital al que se le trasladó se le dio atención médica por reanimación porque ya había tenido paros cardiacos, declarándose a las 8 de la mañana su muerte”. De igual manera, Vasconcelos Méndez sostuvo que “ante las manifestaciones, comentarios y descalificaciones de los últimos días, la Fiscalía reitera su compromiso con la aplicación de la ley y el respeto a los principios y reglas del estado de derecho. “La ley se tiene que aplicar firmemente sin complacencias, sin distingos ni privilegios, no puede haber grupos ni personas exentas de la justicia. No puede interpretarse la investigación de una denuncia como un acto de criminalización o afectación de una profesión”, dijo. Remató: “En Oaxaca estamos comprometidos por construir una procuración de justicia imparcial, autónoma, objetiva y respetuosa de derechos humanos. Es lo que los mexicanos necesitamos, instituciones en procuración de justicia que integran investigaciones sólidas, que investiguen con eficiencia los delitos sin sujeciones políticas ni sociales externas”.