Manifestantes agreden a reporteros durante desalojo de caseta de peaje en Colima

domingo, 15 de abril de 2018 · 20:31
COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- Durante la liberación del paso por la caseta de peaje de la autopista Colima-Manzanillo, a la altura del poblado de Cuyutlán, un grupo de manifestantes agredió a la reportera Fátima Natalí Vázquez Garay y al camarógrafo Jonathan López Corona, de Televisión Azteca Colima, quienes entre empujones, jaloneos y acoso verbal tuvieron que abandonar el lugar. Antes, mientras realizaban su trabajo informativo, habían sufrido actos de hostigamiento la corresponsal de Televisa, Bertha Reynoso y el reportero Luis Alberto Rosales de la Mora, del portal de noticias Contexto Colima. La manifestación de este día, convocada por varias organizaciones, entre ellas el Congreso Nacional Ciudadano, había generado gran expectación, debido a que en domingos anteriores grupos de porros habían intervenido para tratar de obstaculizar la liberación de la caseta. Esta vez, ante el anuncio de la nueva movilización, el Congreso del Estado exhortó a autoridades estatales y federales a garantizar el derecho a la libre manifestación y pidió estudiar la viabilidad de eliminar esa caseta de cobro, que es la principal demanda de los manifestantes. Con la presencia de activistas provenientes de Colima, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México, el acto de protesta empezó alrededor de las 10 de la mañana con el arribo de los primeros grupos, mientras que decenas de patrullas de la Policía Federal (PF) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se encontraban estacionadas en los alrededores de la caseta, donde varios contingentes policiacos permanecían a la expectativa, observando los sucesos. A lo largo de la jornada hubo momentos de tensión porque desde los altavoces algunos dirigentes anunciaban la supuesta llegada de golpeadores, pero esto nunca se confirmó. Mientras algunos activistas hacían reclamos a los elementos policiacos que ahí se encontraban, el comandante Arrieta aseveró que la presencia de las fuerzas federales en ese lugar era para brindarles seguridad a ellos mismos. En un principio, Michel González Ruiz, uno de los organizadores, se mostró complacido por la asistencia lograda para ese acto de protesta, y agradeció tanto a los visitantes que llegaron en apoyo como a los representantes de los medios de comunicación, cuyo papel destacó para el éxito de esa manifestación. Uno de los primeros incidentes se presentó cuando una parte de los manifestantes exigía el retiro del diputado panista Luis Humberto Ladino Ochoa, quien es a la vez candidato al Senado, pero otro grupo defendió su permanencia, con el argumento de que iba en su carácter de ciudadano. Posteriormente, cuando la reportera Fátima Natalí Vázquez y el camarógrafo Jonathan López se disponían a realizar entrevistas con los organizadores, fueron cercados por decenas de manifestantes que a gritos les exigían que se retiraran del lugar, reclamándoles el manejo informativo de la televisora en relación con el tema de las casetas. Mientras eran hostigados, la comunicadora sufrió jalones del cabello y bajo el resguardo de varios compañeros del gremio periodístico y del grupo de derechos humanos Marabunta, fueron conducidos hacia su vehículo. Este mismo día, organizaciones del gremio periodístico y reporteros a título individual emitieron tres pronunciamientos condenando los hechos y exigiendo una investigación para deslindar responsabilidades. “Condenamos enérgicamente este claro atentado contra la libertad de prensa y exigimos respeto para el trabajo periodístico de quienes trabajamos para llevar la información a la sociedad. Rechazamos actitudes intolerantes de quienes dicen luchar por la libertad de tránsito, pero se olvidan de la libertad de expresión”, se expuso en uno de los documentos suscritos por periodistas. Añadió: “Responsabilizamos de lo ocurrido a los organizadores de esa manifestación, quienes deben tomar medidas para evitar que ocurra este tipo de incidentes, y demandamos que ofrezcan una disculpa pública a la compañera y al compañero que sufrieron este agravio”. Por su parte, siete organizaciones periodísticas señalaron que no se puede permitir que quede sin castigo la agresión, por lo que demandaron a los gobiernos federal y estatal abrir una investigación y castigar a los agresores de la reportera y el camarógrafo, quienes “de no haber sido protegidos por los demás periodistas de esta capital que cubrían la liberación de la caseta de Cuyutlán, no sabemos si los hechos hubieran llegado a un mayor extremo”. También se solidarizaron con la corresponsal de Televisa, Bertha Reynoso, y el reportero Luis Alberto Rosales de la Mora, de Contexto Colima, a la vez que pidieron la inmediata intervención de la Comisión Integral para la Protección del Ejercicio Periodístico del Estado de Colima (COPIP), para que de acuerdo a sus facultades abra una investigación y se brinde la inmediata protección a los compañeros agredidos. Las organizaciones firmantes son el Club de Reporteros Colima, A. C., la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), el Colegio de Profesionales y Profesionistas de la Comunicación del Estado de Colima, la Asociación de Periodistas y Reporteros de Tecomán, Armería e Ixtlahuacán, el Círculo de Periodistas Unidos de Manzanillo, el Club Primera Plana (delegación Colima) y Compañeros Internacionales Periodistas y Editores (Conape Colima). Tras lamentar los hechos y solidarizarse con los periodistas agredidos, la COPIP argumentó que el trabajo periodístico no debe condicionarse ni limitarse mediante censura previa, ni siquiera por argumentos ideológicos pues “la responsabilidad del medio de comunicación es posterior y está sujeta al escrutinio de la verdad, la imparcialidad y la objetividad por parte de la sociedad”. El organismo recordó que el pasado viernes 13 de abril, al resolver la queja 2018-02, dio vista a las autoridades locales para solicitar garantías para la cobertura periodística durante la manifestación de este domingo. El sábado 14, la Secretaría General de Gobierno de Colima fue enterada de esa resolución, “comprometiéndose a brindar seguridad a los periodistas que estuvieran realizando coberturas informativas en la toma y liberación de la caseta de Cuyutlán”, puntualizó la COPIP.

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