PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones empresariales se pronunciaron por revocar a la empresa Concesiones Integrales la adjudicación del servicio de agua potable y drenaje de esta capital, otorgada en el sexenio de Rafael Moreno Valle, por los cobros excesivos, deficiencias y cortes de servicio en los que incurre la compañía. Por separado, el presidente del Consejo de Organismos Empresariales, César Bonilla Yunes, y el dirigente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Antonio Quintana Gómez, señalaron que una de las demandas que planteará la iniciativa privada a los candidatos a diputados locales es que se someta a revisión el contrato entregado en 2014 para privatizar el servicio de agua en esta ciudad. Bonilla Yunes manifestó que además de que las tarifas se elevaron a partir de la privatización del servicio, la empresa recurre a cortes “inconstitucionales” de agua y de drenaje, y luego cobra cargos excesivos de mil 200 pesos por la reconexión. Y hay familias de tres integrantes a las que cobran tarifas de hasta 700 pesos mensuales por el servicio, denunció. “Tenemos tarifas muy caras por el agua potable, por eso pedimos a los próximos legisladores que revisen en qué condiciones se entregó la concesión, porque más que beneficiarnos nos ha perjudicado”, reclamó Por su parte, Quintana Gómez señaló que hasta ahora el trato con la concesionaria ha sido “tortuoso”, tanto por los cobros excesivos como por el mal servicio, no sólo al sector empresarial, sino a la ciudadanía en general. “Si no se puede mejorar que se revoque la concesión, si no funciona, si no cumplen los acuerdos y si el tema sigue mal, que sea un retiro definitivo”, expresó. De acuerdo con el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Gabriel Covarrubias Lomelí, la empresa incurre en excesos, como aplicar cobros que no están justificados, y realiza cortes que sólo serían competencia del Servicio Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP). Sin embargo, consideró viable buscar acuerdos con la empresa para mejorar el servicio. “El tema de la privatización del agua se viene abordando desde diciembre con el gobernador Antonio Gali Fayad, el cual afecta más a la población que a los empresarios”, declaró. En el mismo sentido, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se quejó de que la empresa Concesiones Integrales no ha resuelto los problemas de desabasto y distribución del agua en la entidad, como se ofreció al otorgársele la concesión. Según Carlos Montiel Solana, presidente del organismo empresarial, se han visto afectados por los cobros excesivos no sólo del servicio, sino por trámites, como estudios de factibilidad para obras, o por derechos, cuyos costos se duplicaron a partir de la privatización. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró que la privatización del servicio de agua y alcantarillado en Puebla, decretado en 2014 por el gobierno de Rafael Moreno Valle, viola el derecho humano del acceso al recurso por parte de los ciudadanos. El organismo consideró que la concesionaria Agua de Puebla para Todos (como se llama la operadora de la concesión) es la peor calificada de las empresas que prestan el servicio en entidades donde se ha recurrido a la privatización. Y, además, ha documentado incrementos de hasta 500% en las tarifas. Metrobús, caso similar De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, el servicio del Metrobús de Puebla, otra de las obras realizadas por el gobierno de Rafael Moreno Valle, está entre las peor calificadas por los usuarios del país. La Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) obtuvo el último lugar por disponibilidad de las unidades, horarios de corridas, comodidad dentro de los camiones, operadores amables y unidades en buen estado.