CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El juez del distrito administrador del Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México, Gerardo Moreno García, multó con 80 mil 600 pesos a Juan Martín González Aguirre, director del Centro de Reinserción Social (Cereso) estatal número 1, por desacatar la orden de traslado a la capital del país del exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, y de dos exfuncionarios duartistas más. La Fiscalía General del Estado (FGE) impugnó la multa e informó que respondieron en tiempo y forma en el oficio DCRE/2018, girado al juez el 20 de abril, en el que informan que las personas señaladas se encuentran sujetas a diversos procesos penales con medida cautelar de prisión preventiva, dictada por otros jueces de Control. El juez autorizó el traslado de los tres exfuncionarios presos en Chihuahua para que lleven el proceso penal 780/2017, por el presunto desvío de 250 millones de pesos del erario estatal a campañas políticas del PRI. La autoridad judicial notificó la resolución al director del penal estatal y, de no acatarla de nuevo, le impondrá otra multa de 160 mil pesos. La sanción por seguir negándose podría ser hasta la prisión por desacato a una orden judicial. Sin embargo, el gobierno estatal argumentó en la impugnación que Alejandro Gutiérrez, exoperador político de Manlio Fabio Beltrones, está vinculado a proceso también por la causa penal 4094/2017 por el delito de peculado agravado. El exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda estatal, Enrique Antonio Tarín García, enfrenta además las causas penales 1260/2017, 2289/2017, 1841/2017 y 2675/2017 por el delito de peculado agravado. Y Gerardo Villegas Madriles se encuentra detenido también por los procesos 1260/2017, 2299/2017 y 2289/2017 por el delito de peculado agravado. “Los imputados se encuentran a disposición jurídica y material del Juzgado de Control del Distrito Judicial Morelos, por lo que el Centro de Reinserción Social no está facultado para ordenar el traslado, ya que compete única y exclusivamente a los jueces encargados de las causas penales, tal y como se desprende del artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal”, respondió la Fiscalía al juez federal.