TOLUCA, Edomex. (apro).- El gobierno estatal solicitó a la Legislatura mexiquense autorización para operar 59 programas sociales durante los 30 días anteriores a la jornada electoral, adelantó Miguel Sámano, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Esta cantidad implica más de la mitad del total de programas sociales estatales (102) y apenas significa ocho menos que los 67 avalados el año pasado durante la campaña por la gubernatura. En ese entonces ese listado fue recurrido por la vía de la acción de inconstitucionalidad, pero días antes del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue reducido a 49 programas que incluían La Efectiva (antecedente del Salario Rosa). Sámano Peralta anticipó que el lunes próximo la propuesta de la Secretaría de Desarrollo Social estatal será sometida a consideración de la Jucopo para convocar a periodo extraordinario de sesiones y aprobar el dictamen en una semana o semana y media. Aunque sugirió no recordarlo con precisión, el además coordinador del grupo parlamentario del PRI indicó que en apariencia esta primera versión no incluye el Salario Rosa. Al ser cuestionado sobre si la cantidad de apoyos propuestos resulta elevada, justificó que “no hay programa que atienda las necesidades de los mexiquenses. Quienes tenemos la oportunidad de conocer la entidad federativa, pero fundamentalmente los municipios que tienen alguna marginación y con índices de pobreza muy marcados, no hay apoyo y recuso que alcance para atender las necesidades” Para evitar usos político-electorales, comprometió que gobernantes y diputados serán muy respetuosos de la ley. Desde su punto de vista, los apoyos incluidos en esta primera lista “son temas que no pueden suspenderse”, pues conllevan implicaciones en materia de educación, salud o se encuentran relacionados con el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). “Pero la decisión no será personal ni de un solo grupo parlamentario”, insistió. El artículo 261 del Código Electoral del Estado de México establece que, durante el periodo de campañas, las autoridades “se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de sus programas asistenciales o de promoción y desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia, debido a enfermedades, desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza”. La norma faculta a la Legislatura para determinar “los programas sociales que por su naturaleza, objeto o fin por ningún motivo deberán suspenderse”. Las campañas para ayuntamientos y diputados locales inician el 24 de mayo próximo.