MÉRIDA, Yuc. (apro).- Obligado por un juez federal, el ministerio público consignó -tres años después de la denuncia del hecho- la carpeta de investigación sobre la alteración de documentos y falsificación de firmas en que incurrió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) para cerrar expedientes. Activistas del Equipo Indignación, uno de los colectivos defensores de los derechos humanos que denunciaron el caso y solicitaron el amparo de la justicia federal ante la inacción del ministerio público para investigarlo, recordaron que el fraudulento cierre del expediente se dio en dos casos graves. En uno de ellos, detallaron, la negación del servicio médico derivó en la muerte de una persona migrante y, en el otro, la desatención y falta de medicamentos para personas con VIH/Sida puso en riesgo la vida de más de dos mil personas en Yucatán, pacientes del Centro Ambulatorio para la Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits). Además, destacaron que, a raíz de la denuncia, la Codhey reabrió el expediente y emitió una recomendación dirigida al secretario de Salud, pero el ilícito cometido permaneció impune. Según los denunciantes, el pasado 10 de abril, el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Yucatán ordenó a la Fiscalía General del Estado concluir el expediente y determinar el ejercicio o no ejercicio de la acción penal en un plazo máximo de 45 días. En la sentencia, el juzgador federal reconoció que la autoridad ministerial responsable paralizó la investigación en distintas ocasiones y señaló que la dilación es tan grave o más que una negativa, puesto que se dejó al denunciante en estado de indefensión. No obstante, los activistas informaron que en el expediente que ahora, obligado por la justicia federal, consignó el ministerio público se tiene como único imputado a Edwin Arcila. Se trata del visitador de la Codhey en el tiempo en el que ocurrieron los hechos, “precisamente cuando estaba por concluir su gestión Jorge Victoria Maldonado y era secretario ejecutivo José Enrique Goff Ailloud, quien después fue Ombudsman, responsabilidad que abandonó para aceptar el cargo de vicefiscal Anticorrupción” del estado. Luego, resaltaron que “si bien el expediente se consignó desde el pasado 16 de abril, fue el 25 de abril cuando Carlos Méndez Benavides, como denunciante y representante de Oasis de San Juan de Dios”, agrupación dedicada a asistir a pacientes de VIH/Sida, “tuvo conocimiento al recibir notificación del Juzgado Segundo sobre la próxima audiencia de formulación de imputación, que se realizará el próximo 3 de mayo”. La Codhey se encuentra sin titular desde que José Enrique Goff fue designado por el Congreso vicefiscal Anticorrupción a propuesta del gobernador, Rolando Zapata Bello. El Equipo Indignación hizo llegar al Congreso local una evaluación de la Codhey en 2015, en la que señaló “deficiencias y malas prácticas del organismo en el que tenía un puesto relevante el Lic. José Enrique Goff, a pesar de lo cual fue nombrado ombudsman”. Según los denunciantes, “al ser propuesto como vicefiscal, también hicimos llegar una comunicación al Congreso señalando omisiones y deficiencias en el desempeño del entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán”. También recordaron que el Congreso, con el voto de prácticamente todos los diputados, a excepción de uno, “decidió dejar sin titular a la Codhey en noviembre pasado y, hasta la fecha, no se ha molestado en emitir la convocatoria correspondiente para designar al nuevo ombudsman”. Y acusaron: “ni el anterior ombudsman, ni el Congreso, ni por supuesto, el gobernador tuvieron escrúpulo alguno al dejar sin presidencia y dirección al organismo público de protección de los derechos humanos”. El caso, añadieron, “resulta paradigmático pues evidencia la descomposición de aquellas instituciones que, como el caso de la Codhey, tendrían que ser espacios de defensoría del pueblo y no un obstáculo para el ejercicio de los derechos y la lucha contra la impunidad”. En ese contexto exigieron que la Fiscalía “sostenga de manera profesional la acusación, pues existe el temor fundado, dada su omisión de integrar de manera expedita el expediente, que su falta de pericia pueda generar un proceso de impunidad sobre un caso grave de corrupción en la principal institución pública encargada de proteger los derechos humanos”. Para este caso, subrayaron que “subsiste el cuestionamiento de si la responsabilidad es únicamente de la persona que ha sido imputada y no se tendría que haber investigado de manera más precisa la participación de otros funcionarios, quienes por acción u omisión pudieran haber sido cómplices de este delito”.