El PRD solicita protección a Astudillo para candidatos vinculados al narco

viernes, 27 de abril de 2018 · 17:43
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El dirigente estatal del PRD, Ricardo Barrientos, anunció que solicitó protección al gobierno de Héctor Astudillo Flores para seis candidatos, entre ellos Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los líderes del grupo delictivo Los Ardillos, y para el actual alcalde de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta, vinculado con el grupo de Los Tequileros. Los políticos que el PRD pidió blindar con policías estatales son dos aspirantes a presidentes municipales: Erika Alcaraz Sosa, en Tixtla, y Eder Nájera Nájera en Huitzuco. También, Juan Mendoza Acosta en San Miguel Totolapan y Gustavo García Bello en Zihuatanejo, estos dos últimos pretenden reelegirse y ambos han sido responsabilizados públicamente por los niveles extremos de violencia que se vive actualmente en la zona que administran. El caso más emblemático es el de Bernardo Ortega Jiménez, quien fue postulado por el frente conformado por PRD, PAN y MC para buscar por segunda ocasión consecutiva la diputación por el distrito 24 con sede en la región Centro, donde la banda criminal dirigida por sus hermanos Celso y Antonio Ortega tiene su bastión y el control absoluto de los municipios de Tixtla, Chilapa y Mochitlán. Así como Eloísa Hernández Valle por el distrito 11, en Zihuatanejo, lugar de la región de la Costa Grande de la entidad que actualmente está colapsado por la narcoviolencia. El dirigente perredista informó que la petición para que policías estatales se desempeñen como escoltas de los seis candidatos del frente, se planteó al gobernador Astudillo hace tres días durante una reunión privada realizada en Chilpancingo, donde se reanudarán pláticas del acuerdo denominado Pacto por la Seguridad, convocado por el gobierno estatal, informó el periódico El Sur en su edición de este día. Barrientos dijo que la solicitud de seguridad fue a petición de los candidatos y señaló que el miedo de los aspirantes no radica en el hecho de que hayan recibido amenazas o ataques, sino que se trata de medidas de “prevención”, justificó.

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