MÉRIDA, Yuc. (apro).- Joaquín Díaz Mena, candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, denunció hoy presuntos actos de corrupción en el gobierno del estado y el ayuntamiento de Mérida que, lejos de ser combatidos, han sido encubiertos. En conferencia de prensa, en la que ofreció que, de ganar la elección el 1 de julio, su administración será “de cristal”, expuso que, en el caso del gobierno estatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, en la auditoría 11/35, inconsistencias por 33 millones de pesos en el manejo de los recursos federales del Fondo de Aportaciones de Fortalecimiento a las Entidades Federativas (FAFEF), por lo que hay una denuncia penal en curso. Asimismo, acusó al ayuntamiento de Mérida, que hasta hace unos meses encabezó Mauricio Vila Dosal, candidato del PAN a la gubernatura, de haber desviado recursos públicos a través de una red de 21 empresas fantasmas a las que se les han pagado 219 millones 73 mil 571 pesos con 52 centavos. Esos supuestos proveedores, dijo, tienen sus domicilios fiscales en locales cerrados o no localizados, casas habitación o predios baldíos, y no tienen empleados registrados formalmente ante el IMSS, además de que el acta constitutiva de algunas no aparece en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. El también exdirigente estatal del PAN y diputado federal con licencia destacó que, en el rubro de servicios generales, el ayuntamiento de Mérida ha reportado un aumento de más de 600 millones de pesos en sus gastos registrados de 2013 a 2016. Dicho período corresponde a los dos últimos años del trienio que encabezó el ayuntamiento el también panista Renán Barrera Concha, actual candidato del PAN a la alcaldía, y el primer año de la administración municipal de Vila Dosal. “En 2013, el gasto fue de 387 millones de pesos, que crecieron a 466 millones en 2014; 591 millones en 2015, mientras que en 2016 fue de 724 millones de pesos”, detalló. Joaquín Díaz Mena aseguró que las 21 empresas proveedoras que se sospecha son inexistentes y de las que el ayuntamiento capitalino sería su único o principal cliente, al menos 10 enfrentan demandas penales y conflictos con la Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las empresas aludidas son S.B.C.Y con tres millones 18 mil 199.73 pesos; M.B.C., 10 millones 552 mil 951.52; T.C.L.L., 19 millones 495 mil 189.16; R.E.S., siete millones 489 mil 820.56;  R.A.E.C., 20 millones 350 mil,008.37; J.A.G.C., 10 millones 610 mil 813.27; W.F.P.A., 11 millonesn 591 mil 904.55. Molino Lab S.C.P., nueve millones 704 mil 71.43; E.M.G., 11 millones 117 mil 620.44; Secoma, Servicios de Construcción y Mantenimiento, S.de R.L. de C.V., tres millones 457 mil 460.41; F.M.F., dos millones 609 mil 98; Construcciones Yu Um Beh S.A de C.V., 15 millones 317 mil 695.10; N.A.M.C., 16 millones 700 mil 748.29. R.M.L.M., nueve millones 417 mil 779.57; G.A.C.D.L.L., tres millones 811 mil 284.74; Provipe S.A. de C.V., nueve millones 841 mil 690.25;  CDI Instalaciones, Construcciones y Desarrollos, S. de R.L. de C.V., 14 millones 389 mil 894.89; Redes y Canalizadores del Sureste S.A de C.V., 14 millones 895 mil 367.84. Constructora Basco S.A de C.V, dos millones 962 mil 171.56; Construcciones Civiles e Ingeniería Ambiental S.A. de C.V. tres millones 809 mil 138.50; Mautimik S.A de C.V 17 millones 930 mil 663.34. “El sentido de los recursos desviados no podemos asegurar dónde acaba, pero claramente podemos ver un despilfarro insultante de recursos en campaña, y precisamente ya no sabemos quién está gastando más, el PRI o el PAN, pero por supuesto que nos imaginamos la proveniencia de esos recursos”, comentó. Acusaciones sin sustento El gobierno del estado y el ayuntamiento de Mérida reaccionaron de inmediato a las acusaciones de Díaz Mena y en comunicados refutaron sus argumentos. El gobierno del estado desmintió que haya sido demandado penalmente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Sostuvo que las declaraciones de Díaz Mena, “en las que se usa información relativa a la auditoría número 1135, señalan que dicho proceso se realiza desde mayo de 2017, por presuntos desvíos de recursos públicos por más de 33 millones de pesos del Fondo de Aportaciones de Fortalecimiento a las Entidades Federativas (FAFEF) por el periodo 2014, fueron hechas sin sustento, con la única finalidad de crear confusión en la ciudadanía yucateca en relación a la actual administración del estado”. La autoridad aclaró que las observaciones emitidas por la ASF, del fondo FAFEF 2014, “fueron atendidas oportunamente y enviada su solventación en tiempo y forma a la misma ASF”, sin que del caso se hubiera desprendido alguna denuncia penal. El gobierno del estado aseguró que siempre ha dado puntual seguimiento a las observaciones emitidas por entes de fiscalización como lo son la ASF, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoria Superior del Estado de Yucatán (Asey) durante esta administración. Insistió en que siempre ha sido reconocido por la ASF como una de las cinco entidades del país con mejor aprovechamiento del gasto federal aplicando los recursos que le son asignados conforme a las reglas de operación de los fondos federales. “Por lo anterior, las afirmaciones de Díaz Mena fueron vertidas en contrasentido careciendo de toda veracidad y sustento legal o documental alguno”, reviró. Al final, conminó a la ciudadanía yucateca “a no dejarse llevar por este tipo de notas y declaraciones que buscan generar confusión” y garantizó “un correcto y eficaz ejercicio de los recursos públicos”. Ayuntamiento responde El ayuntamiento de Mérida respondió que las acusaciones de Díaz Mena se dan en el marco de la presente campaña política. En su deslinde, argumentó que “como está a la vista de todos, esta administración municipal ha realizado obra pública y otorgado beneficios sociales sin precedentes”. El ayuntamiento de Mérida, dijo, ocupó “por dos años consecutivos el primer lugar en el Índice de Transparencia Presupuestal del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO)”. La autoridad aseguró que en el ayuntamiento “98% de las obras realizadas se ha otorgado a través de licitaciones o concursos y solo 2% con licitaciones directas, lo que habla de la transparencia de la administración”. También dijo que todas las empresas que le prestan servicios “cumplen con los requisitos que marca la ley” y “todas las obras realizadas durante 2016, que es objeto de la denuncia, ya fueron revisadas por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), que no emitió observación alguna”. Además, dijo que “los logros de este ayuntamiento en materia de transparencia y probidad, que han sido reconocidos nacional e internacionalmente, son de todos los meridanos”. Luego, advirtió que “no será extraño que al calor de las campañas surjan otros señalamientos infundados”, por lo que llamó a los meridanos “a que no se dejen engañar por quienes con un fin electoral pretenden desinformar a la ciudadanía”.