CAMPECHE, Camp. (apro).- El Tribunal Superior Agrario (TSA) emplazó a 171 ejidatarios –incluidos los presuntos prestanombres del exgobernador veracruzano Javier Duarte y del empresario Carlos Mouriño Atanes– a comparecer en el juicio que se sigue por el despojo de tierras en el ejido Lerma. Así lo informó Pedro Celestino May Can, quien desde hace nueve años mantiene una batalla legal para recuperar las tierras. Detalló que esta tarde el TSA le notificó oficialmente el acuerdo que tomó en torno al expediente 15/2015. Derivado de este acuerdo, dijo, se ordenó también al comisario ejidal de Lerma, Arcadio Aké Pech, que señale los domicilios de las 171 personas que firmaron las actas para que comparezcan en el juicio del TSA, “no importando el sexo ni la edad”. “Ya que ellos aseguran que los prestanombres de Duarte viven en Lerma y son ejidatarios, el comisariado está obligado a señalar y demostrar dónde exactamente están sus domicilios para notificarles”, resaltó. Parte de esas tierras, aledañas al Campeche Country Club de los Mouriño, fueron escrituradas a nombre de Moisés Mansur Cisneyros, empresario cercano a Duarte de Ochoa, y Alfonso Ortega López, quien hace unos meses confesó cómo era el sistema de ingeniería financiera que utilizaba el exgobernador de Veracruz para lavar dinero. En la lista también aparecen Miguel Velázquez Nieva, el topógrafo que firmó el plano del deslinde de los terrenos de Lerma, además de Cruz García Ramírez, Jorge Enrique Pérez Ruiz, Abel Muñoz Lagunes, María Isabel Riveroll Mendoza, Santa Bartola Acuña, Héctor Apolinar Huesca, Eugenia del Socorro Pérez Ruiz, Damián Víctor Manuel Urtusuástegui y Pablo Gómez Rico, así como Luis Alberto Kuk Flores, presunto prestanombres de Mouriño Atanes. Jorge Enrique y Eugenia del Socorro Pérez Ruiz son hermanos de Geni Pérez Ruiz, exempleada de la Procuraduría Agraria, supuesta abogada de Antonino Almazán, exdelegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Yucatán, a quien medios de comunicación regionales identifican como el principal operador de los despojos de tierras ejidales en la Península de Yucatán. A Santa Bartola se le identifica como contadora de Almazán. Para consumar el despojo, todos ellos fueron reconocidos primero como avecindados y luego como ejidatarios de Lerma, en asambleas ejidales en las que para simular el quorum legal se falsificaron firmas de personas muertas, en complicidad con funcionarios de la Procuraduría Agraria y notarios públicos. Ahora, destacó May Can, todos, hasta los muertos, deben ser emplazados para que acudan a comparecer el próximo 15 de octubre, y “se me dijo que tengo que acompañar a la actuaria a entregar los emplazamientos; creo que vamos a tener que ir hasta a los panteones porque varias de esas personas tenían hasta 10 años de fallecidos cuando los regresaron de sus tumbas para firmar las actas”. Añadió: “El Tribunal quiere que se presenten todos los 171 firmantes, acompañados por abogados agraristas, y un mismo abogado sólo podrá representar a dos, no más”. De igual manera, comentó que el TSA también giró oficios a sus pares de Querétaro, Yucatán, Ciudad de México y Quintana Roo, donde tienen sus domicilios fiscales los presuntos prestanombres de Duarte, para que sean notificados del emplazamiento. May Can confió en que se haga justicia y finalmente los responsables del tráfico de tierras sean enjuiciados.