El PRI en el Senado demanda que la PGR investigue terrenos de Martha Erika Alonso en zona Audi en Puebla

miércoles, 16 de mayo de 2018 · 21:34
PUEBLA, Pue. (apro).- La fracción del PRI del Senado de la República pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) abra una investigación contra el exgobernador, Rafael Moreno Valle, y su esposa, Martha Erika Alonso, actual candidata a la gubernatura por la coalición Por Puebla al Frente, por el posible beneficio que obtuvieron con la instalación de la automotriz Audi en San José Chiapa. De acuerdo con un punto de acuerdo que presentaron los senadores priistas este miércoles, luego de que el exmandatario promovió la instalación de la automotriz en el mismo municipio donde su esposa heredó 122.5 hectáreas, podría configurar delitos como conflicto de intereses y desvío de recursos públicos. Los legisladores indicaron que la plusvalía del inmueble, llamado “Rancho Macondo”, propiedad de la familia de Alonso Hidalgo, se incrementó con la decisión que tomó Moreno Valle. “Derivado de la instalación de la armadora y la Ciudad Audi, la plusvalía de las hectáreas se incrementó sustantivamente hasta superar los cuatro millones de pesos, según expertos inmobiliarios, es decir, Martha Erika Alonso Hidalgo resultó directamente beneficiada económicamente”, indicaron los senadores priistas. “Estos hechos están catalogados en nuestro entramado legal como un conflicto de interés y representan una grave transgresión a nuestro marco jurídico vigente”, agregaron. En cuanto al desvío de recursos públicos, los legisladores mencionaron que este delito podría configurarse por el hecho de que el gobierno de Puebla destinó presupuesto público para la instalación de Audi, con la condonación de impuestos y la renovación de la infraestructura carretera. Los senadores indican que al menos se invirtieron en la misma zona donde Alonso heredó un rancho, 10 mil 800 millones de pesos en la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), cuyos contratos se encuentran reservados. De la misma forma, hicieron referencia al hecho de que Moreno Valle nombró como director del órgano público descentralizado que administra Ciudad Modelo Audi a Jorge David Rosas Armijo, personaje allegado a Alonso Hidalgo y quien fungió como director del DIF cuando la actual candidata presidía esa institución. Actualmente, Rosas Armijo se desempeña como coordinador de agenda en la campaña por la gubernatura de la panista. “De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil estos nombramientos pudieron darse a través de un tráfico de influencias”, señalaron. En el escrito hicieron referencia a que el gobierno de Moreno Valle invirtió en el acondicionamiento de la región para la instalación de la planta armadora, lo cual incluyó un parque lineal, campus universitarios, parques de recreación y por lo menos cinco mil viviendas. También se construyeron centros comerciales, hospitales, centros de servicios para el ciudadano y un centro de convenciones. A la fecha, dicha infraestructura, según medios informativos, “se encuentran descuidados, inoperantes y con desgastes prematuros presuntamente por la utilización de materiales de dudosa calidad”. “Por las insuficiencias en la operación y falta de los servicios en materia de salud, educación, trabajo y transporte, aún no se puede conocer la contribución de estas obras al desarrollo urbano y regional. Lo que sí es posible tomar en consideración es el incremento del valor en los predios, de los cuales una de la beneficiaria directa es Martha Erika Alonso Hidalgo, actual candidata de la coalición ‘Por Puebla al Frente’ a la gubernatura de la entidad”, mencionaron los senadores. Ante estos hechos, pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que, en el marco de sus atribuciones, realice una investigación integral sobre el posible conflicto de intereses y desvío de recursos públicos en que pudo incurrir el exmandatario panista para incrementar la plusvalía de los terrenos de su esposa. Barbosa también En la misma sesión, el senador Javier Lozano Alarcón presentó también un punto de acuerdo para pedir que se abra una investigación en torno a la gestión del legislador con licencia Luis Miguel Barbosa Huerta como presidente de la Mesa Directiva y como presidente del Instituto Belisario Domínguez, debido a las inconsistencias reportadas en su declaración patrimonial. Basado en la publicación que hizo el periódico El Universal, el legislador poblano indicó que el actual candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia y su familia directa poseen 10 propiedades en Puebla y la Ciudad de México valuadas en aproximadamente 25 millones de pesos. No obstante, agregó que Barbosa Huerta presentó su declaración 3de3, en la que reportó una remuneración neta anual por cargos públicos de un millón 802 mil 381 pesos. En la declaración que presentó ante el IMCO, el senador con licencia reportó ser dueño de sólo cinco inmuebles con un valor de 12 millones 17 mil 650 pesos, los cuales adquirió entre 2013 y 2016. “El periódico refiere que entre las propiedades que declaró se encuentra una casa que adquirió en 2013 en 10 millones de pesos, a través de un crédito y que se ubica en la delegación Coyoacán en la Ciudad de México, el cual perteneció al expresidente Miguel de la Madrid Hurtado”, señaló Lozano Alarcón en su escrito. También, dijo que el actual candidato a gobernador compró de contado junto con su esposa y su hija, otra casa en la calle Ámsterdam, colonia Hipódromo Condesa, delegación Cuauhtémoc. De acuerdo con el documento foliado con los números 9140638 del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, se detalla una operación en cinco millones 451 mil pesos. Sin embargo, en su 3de3, el candidato detalló que esta propiedad tiene un valor de un millón 362 mil 750 pesos”, agregó. Incluso, mencionó otros terrenos y edificios que el legislador con licencia habría comprado en Tehuacán y que puso a nombre de sus hijos. Lozano pidió al Senado realizar una investigación y auditorías a la gestión de Barbosa Huerta cuando fue presidente de la Mesa Directiva y del Instituto Belisario Domínguez, luego de que, afirmó, “su patrimonio excede en mucho a los ingresos que reportó en su declaración 3de3”.

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