CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Decenas de organizaciones civiles y sindicatos de varios estados del país se pronunciaron contra la intención del gobierno de Baja California de criminalizar el movimiento de defensa del agua “Mexicali Resiste” y mantener a uno de sus líderes, León Fierro, tras las rejas, convirtiéndolo en un preso político. En una carta abierta firmada por organizaciones, activistas y académicos de Baja California, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Estado de México y Querétaro, exigen “la inmediata liberación” del líder al gobernador, Francisco Vega Lamadrid, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Salvador Juan Ortiz Morales. Al insistir que el dirigente de “Mexicali Resiste” es un preso político recientemente vinculado a proceso judicial, los firmantes reprobaron que el Ministerio Público estatal haya acusado al activista de “homicidio calificado en grado de tentativa”, lo que consideraron “un exceso y una represalia, al igual que anteriores regímenes han criminalizado a otros líderes y movimiento sociales a lo largo de la historia”. Los inconformes destacaron que la línea de mantener a León Fierro en prisión se evidencia, en que ante la imposibilidad del Ministerio Público de comprobar en su momento la acusación, el juez de la causa “reconfiguró el delito imputado a León Fierro a ‘lesiones calificadas’, como una consigna y un mensaje de Estado para criminalizar a León a como dé lugar, así como las acciones de ‘Mexicali Resiste’”. En la carta abierta, resaltan que la actitud del juez “exhibe la falta de autonomía e independencia del Poder Judicial de Baja California ante el Poder Ejecutivo”, más aún por imponerle prisión preventiva por 60 días por considerarlo “un peligro para la sociedad”, lo que para los activistas es “a todas luces inconstitucional y contraria a derecho”. Los firmantes recuerdan que el encarcelamiento de León Fierro Reséndiz “tiene su origen en las justas demandas que reclama la población de Baja California, en especial de Mexicali, en defensa del derecho al agua”, que se ha visto amenazado por el gobierno estatal “al privilegiar la entrega de grandes cantidades del preciado líquido a empresas embotelladoras privadas como Constellation Brands, Coca Cola, Tecate y otras”. También puntualizan que dicha acción estatal forma parte “del proceso de privatización de los derechos sociales, en lugar de establecer una política de racionalización y cuidado del agua bajo mecanismos de participación y supervisión ciudadana (…), mediante criterios de sustentabilidad establecidos por la ONU”. Más: critican la falta del gobierno estatal, así como del Congreso local para establecer un diálogo que diera cauce a las demandas bajo el respeto de “los legítimos derechos a la protesta social y a las libertades de reunión, de asociación y expresión”. Por el contrario, continúan, el gobierno de Vega de Lamadrid “arremete judicialmente contra León Fierro, uno de los más destacados dirigentes del movimiento de resistencia”, al imputarlo de tentativa de homicidio de un policía. Al insistir que el Ministerio Público no pudo sostener la acusación ante el juez de control, los suscritores de la carta recuerdan que los señalamientos se refieren a hechos ocurridos a principios de este año en el Valle de Mexicali, cuando activistas de “Mexicali Resiste” y de otros grupos intentaron “impedir la instalación del tubo de la red de agua potable de la ciudad, que proveerá a la transnacional cervecera Constellation Brands de millones de litros del preciado líquido, incluso, en perjuicio de los agricultores del Valle de Mexicali”. En la carta sostienen que hay un video en el que se observa que durante tales acontecimientos “policías cometieron graves delitos al actuar fuera de los protocolos sobre el control y uso de la fuerza, provocando lesiones a los manifestantes, hechos por los que, contradictoriamente, no han sido vinculados a proceso, a pesar de existir varias denuncias en su contra”. Para los firmantes de la carta, la decisión del juez de considerar a Fierro “un peligro para la sociedad” por haber declarado en la audiencia que “dentro o fuera de prisión continuaría la lucha por el derecho al agua”, así como la apelación del Ministerio Público a la reconfiguración del delito, demuestra la intención del gobierno de Baja California de mantenerlo en prisión. Al reiterar que el activista es un “preso político”, se dirigen al gobernador Francisco Vega y advierten que detrás de la acción están “sus verdaderas intenciones de inhibir la defensa del derecho al agua y la lucha contra su privatización (que es el fondo de todo este conflicto), e inhibir los derechos de asociación y de reunión, a la libertad de opinión y a la protesta social”. El documento, en el que se señala a Vega a orientar “su gobierno hacia un régimen con rasgos autoritarios” es firmado por organizaciones como Agrupación Socialista; Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales en Coyoacán; Asociación Mexicana de Trabajadores Activos y Jubilados 22 de Abril, STRM; CNTE Sección IX; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; Frente Estudiantil por una Educación para Todos de Puebla; Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora; la comunidad indígena de San Miguel Tanaquillo, municipio de Chilchota, Michoacán; entre otras.