TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Familiares, amigos, activistas y organizaciones civiles de Chiapas denunciaron ante la Corte Federal canadiense al comisionado por la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC), Joe Friday, por no investigar a funcionarios diplomáticos de la Embajada de ese país en México por omisiones y complicidad en el asesinato del líder del movimiento antiminero en Chicomuselo, Mariano Abarca Roblero. La familia del activista defensor -asesinado por presuntos pistoleros de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration en noviembre de 2009- y organizaciones civiles dijeron hoy en conferencia de prensa que el pasado 16 de mayo acudieron a la Corte de Canadá para exigir justicia después de recibir una respuesta decepcionante a la denuncia administrativa presentada en febrero pasado ante el comisionado Friday. José Luis Abarca Montejo, hijo de la víctima, explicó que, en un viaje a dicho país, primero solicitaron al Comisionado en Ottawa, Joe Friday, que iniciara una investigación por las acciones y omisiones del cuerpo diplomático canadiense en México durante todo el proceso de hostigamiento y criminalización que sufrió su padre cuando luchaba contra los impactos socio-ambientales de la minera. Con base en la investigación hecha por los denunciantes, alegaron que la Embajada de Canadá en México violó la política canadiense relacionada con sus industrias extractivas en el exterior y con la identificación y prestación de apoyo a los defensores de los derechos humanos. Consideraron que esa y otras omisiones incrementaron el riesgo que corría Abarca Roblero por defender la vida y los derechos humanos. Según dijeron, al comisionado le entregaron suficiente información que recabaron durante casi nueve años, tanto en México, como en Canadá. Con ello, demostraron que la representación canadiense actuó en contubernio con la empresa Blackfire Exploration contra Abarca Roblero para amenazarlo, criminalizarlo y denunciarlo directamente, para que fuera detenido y encarcelado con la complicidad de las autoridades de Chiapas en el sexenio de Juan Sabines Guerrero, actual cónsul en Orlando, Florida, Estados Unidos. De acuerdo con el hijo de la víctima, a pesar del conocimiento del conflicto con la Blackfire en Chicomuselo y los riesgos que enfrentaba el líder antiminero, la embajada intervino de forma directa en los asuntos de la política interna mexicana, al usar la envergadura de la diplomacia canadiense para abogar en favor de la empresa ante el gobierno chiapaneco. Luego, aún después del asesinato del activista, la Embajada continuó asesorando a la empresa, incluso, sobre cómo demandar a México bajo los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) frente a la clausura de su mina por violaciones ambientales. Políticas “oficiales” Abarca Montejo dijo que en su rechazo para realizar una investigación a fondo como le solicitaron, el comisionado les dijo que ni la estrategia canadiense en torno a sus industrias extractivas en el extranjero, ni el papel que los mismos funcionarios públicamente dicen cumplir cuando hay conflictos entre empresas y comunidades representan "políticas oficiales". “Por lo tanto, desde la perspectiva del comisionado, los funcionarios públicos no son obligados a respetarlas. Su decepcionante e ingenua respuesta al negar realizar la investigación sólo abroga a continuar y perpetrar la imagen sobre el gobierno canadiense como coparticipe de las violaciones a los derechos colectivos e individuales que las empresas canadienses y el cuerpo diplomático de Canadá realizan en toda Latinoamérica”, añadió. Luego, adelantó que continuarán en busca de la verdad y la justicia hasta encontrar a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de su padre. Sobre la denuncia ante la Corte Federal de Canadá, agregó: “Nuestra acción también busca que no se desechen todas las pruebas que hemos recaudado hasta ahora y que muestran la actuación de la diplomacia canadiense en la violación de los derechos humanos de Mariano Abarca Roblero”. El hijo del líder antiminero recordó que, ante la omisión del gobierno mexicano, en junio del 2017 llevaron una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado Mexicano por no proteger la vida de Abarca y por la falta de procuración de justicia. “Así seguiremos hasta agotar todas las instancias necesarias para obtener justicia y contribuir al desmantelamiento del patrón de actuación del modelo extractivo minero canadiense en México y en América Latina”, aseveró. Luego, advirtió que continuarán “caminando, enfrentando y denunciando “la falta de voluntad política del gobierno de Chiapas, del Estado mexicano y del gobierno de Canadá para combatir la impunidad y la falta de procuración de justicia. “No dejaremos de colaborar y coordinarnos con nuestros aliados y nuestras aliadas en Canadá hasta lograr que el estado canadiense detenga su política extractivista que extermina los pueblos”, puntualizó. Además de la familia Abarca Montejo, en la conferencia participaron miembros de la Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la organización civil Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Miguel Ángel de los Santos Cruz.