Dueño de Canal TV8 y esposa hostigan con demandas a activista que reveló adeudos y nexos con autoridades locales

sábado, 19 de mayo de 2018
GUANAJUATO, Gto., (proceso.com.mx).- La organización Artículo19 emitió una alerta ante una serie de demandas por presunto daño moral presentadas por el empresario televisivo Jorge Rodríguez Medrano, y su esposa, la regidora del Ayuntamiento de la capital por el PRD, Silvia Rocha Miranda, en contra del activista de Ciudadanos Hartos, Roberto Saucedo Pimentel, así como por sus amenazas de extender dichas demandas a varios periodistas y medios. Según detalló la organización, el pasado 16 de mayo, José Roberto Saucedo Pimentel, integrante de la Organización por la Transparencia “Ciudadanos Hartos” fue notificado de dos demandas por el supuesto daño moral cometido en perjuicio de Rocha Miranda, regidora municipal de Guanajuato, y de su esposo, Rodríguez Medrano, propietario del canal privado TV8 que trasmite la concesionaria Telecom Nacional S. de R.L. de C.V. en la ciudad de Guanajuato. Las demandas aluden a un presunto perjuicio “patrimonial y extrapatrimonial” al empresario televisivo y la regidora, que habría sido causado por algunas publicaciones hechas a través de la cuenta de Facebook de Saucedo Pimentel, en las cuales se comentan notas elaboradas por distintos medios de comunicación con base en documental pública obtenida mediante solicitudes de acceso a la información por propio Saucedo, quien anteriormente ha colaborado con diversos medios en este tipo de publicaciones. En ellas, “dan cuenta de las relaciones de poder entre Jorge Antonio Rodríguez Medrano y funcionarios municipales, mismas que han llevado a que la propietaria del canal, Telecom Nacional S. de R.L. de C.V., no pague la cantidad de 87 millones de pesos que adeuda al municipio de Guanajuato, inicialmente estimada en 84 millones”, reporta la organización. Jorge Antonio Rodríguez Medrano exige el pago de 84 millones de pesos por concepto de “daño moral y puesta en peligro”, así como el pago de $850,000 pesos por concepto de daño moral indirecto y la publicación del extracto de la sentencia. Roberto Saucedo Pimentel dijo a Artículo 19: “Yo soy colaborador de periodistas, en investigaciones. Estas investigaciones las saqué después de cuatro meses de trabajo a través de solicitudes de información. Lo único que hice fue postear las notas y dar mi opinión.” Explicó que la cablera, que es Telecom Nacional S. de R.L. de C.V., “tiene una deuda de 84 millones de pesos en favor del municipio, por lo que asegura que, con mis publicaciones, lo pongo en peligro porque la gente piensa que él tiene esa deuda”. “Es claro que buscan desalentar la denuncia pública, lo cual es súper riesgoso”, advirtió el demandado. A nombre del Colectivo por la libertad de expresión de Guanajuato, la periodista Verónica Espinosa –corresponsal de Proceso- refirió: “parece muy preocupante que quien pretende abrir la puerta al uso frívolo o malintencionado de la figura el daño moral en contra de periodistas y activistas por la transparencia con un propósito de censura sea el propietario de un medio de comunicación que, por el contrario, tendría que defender no sólo el propio ejercicio periodístico, sino también el derecho de todas y todos a informar y a ser informados, así como a opinar. El peligro inminente es el silenciamiento de la crítica”. La organización internacional defensora de periodistas y libertad de expresión recordó en este comunicado que ya en una anterior ocasión, el empresario Rodríguez Medrano “operó campaña de desprestigio en contra de Verónica Espinosa, luego de que ella -en compañía de otros periodistas- presentaron carta al Procurador General de Justicia de Guanajuato exigiendo justicia por el caso de un reportero atropellado en Guanajuato. El periodista fue atropellado el día 7 de marzo del año pasado, por el entonces funcionario municipal de la Ciudad de Guanajuato, Jorge Alberto Rodríguez Rocha, hijo del empresario y de la regidora de Guanajuato, mismos que ahora demandan a Saucedo Pimentel, citó Artículo 19. Por lo anterior, la organización exigió a Rodríguez Medrano y a la regidora del PRD Silvia Rocha Miranda desistirse de la acción legal emprendida en contra de José Roberto Saucedo “y abstenerse de presentar nuevas demandas en contra de periodistas o colaboradores de medios de comunicación”, pues específicamente en el caso de la regidora, “en su carácter de funcionaria pública del municipio de Guanajuato, debe abstenerse de realizar actos que atenten contra la libre manifestación de ideas u opiniones emitidas por cualquier ciudadano”. Además, recordaron a ambos, la regidora y su esposo empresario televisivo, que “debido al interés público de sus actos, “todas las expresiones hechas en este sentido revisten una categoría especialmente protegida por el derecho a la libertad de expresión, por lo que el ámbito de injerencia en su vida privada, honor y reputación es mayor”. Finalmente, Artículo 19 exhortó al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en particular a los Jueces Primero y Segundo Civiles de partido, Especializados en Extinción de Dominio de Guanajuato, a garantizar los derechos humanos del activista Saucedo Pimentel, llevando puntualmente el debido proceso y dictar una sentencia absolutoria; ello por la naturaleza de la información que se compartió y por el carácter de funcionaria de la regidora Rocha Miranda, así como por la proyección pública del dueño de tv8. “Los poderes judiciales deben evitar por todos los medios posibles convertirse en un instrumento de censura ejerciendo violencia institucional”, concluye el comunicado.

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